La empresa municipal ha mantenido el mismo precio durante toda la pandemia sin repercutir la subida del coste de la electricidad a su clientela
Desde el próximo 1 de septiembre, la comercializadora Eléctrica de Cádiz subirá el precio del kilovatio/hora a su clientela debido al sostenido encarecimiento del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Este incremento solamente afecta al precio de la energía consumida y no al precio de la potencia contratada.
La empresa municipal ha mantenido el mismo precio durante toda la pandemia para evitar el perjuicio económico que podría suponer para familias y negocios una subida del la luz. Sin embargo, los continuos incrementos del precio de la energía en el mercado mayorista de este año 2021, que ha visto como su precio se doblaba en comparación con años anteriores, hacen que las actuales tarifas sean insostenibles para la comercializadora.
Actualmente, la política de la empresa municipal de electricidad es mantener el precio más bajo posible, lo suficiente para que le permita cubrir los costes propios de la empresa. De hecho, la clientela de Eléctrica de Cádiz ha estado meses atrás pagando menos de lo que costaba la energía, y la subida que se aplica a partir de septiembre es la menor posible. No se incrementará el precio tanto como lo está haciendo el mercado mayorista, pero la comercializadora Eléctrica de Cádiz no puede seguir con unos precios tan alejados de lo que a la empresa le cuesta comprar la energía.
Cabe destacar que la comercializadora Eléctrica de Cádiz es independiente económicamente de la suministradora Eléctrica de Cádiz y su margen de beneficio es muy limitado en comparación con la segunda. Por su parte, la suministradora, que es quien gestiona la red de distribución local, obtiene unos beneficios regulados por el Estado. Es por ello que la comercializadora debe aplicar un precio de la electricidad acorde con los precios de mercado.
Eléctrica de Cádiz ha enviado una carta informando a su clientela de la subida. Una situación que por otro, lado, afecta a todas las comercializadoras de electricidad, que están repercutiendo los altos precios a sus clientes. En la misiva, Eléctrica de Cádiz expone que el aumento para una vivienda media en Cádiz que consuma 200 kWh mensuales se cifra aproximadamente en 5 euros al mes. “Considerando que los precios de la electricidad en el mercado mayorista han pasado en pocos meses de moverse de los 50 euros/MWh a los 100 euros/MWh, es decir que se ha doblado el precio de compra, hemos realizado el máximo esfuerzo para no trasladar íntegramente una subida de esta magnitud a la clientela”, expone la compañía en la carta remitida a su clientela.
El Pleno reclamó ya en enero medidas al Gobierno
La subida del precio de la luz en el mercado mayorista ha sido una constante en la pandemia de coronavirus. De hecho, atisbando ese contexto el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, a propuesta del Adelante Cádiz, ya aprobó por unanimidad el pasado mes de enero una propuesta en la que instaba al Gobierno a garantizar el acceso a la energía a toda la población a un precio accesible y a que reformara el sistema de fijación de precios. Por unanimidad, el Pleno acordó instar al Gobierno de España a una reforma urgente del sistema de fijación de precios de la electricidad, con participación de todos los agentes sociales interesados, para pasar del actual modelo marginalista a uno mixto, en el que las centrales y tecnologías de producción eléctrica de costes fijos (hidroeléctrica, nuclear, fotovoltaica, eólica) cobren un precio fijo por su producción, acorde con sus costes reales auditados, más un beneficio comercial razonable.
Igualmente, instó al Gobierno a auditar los costes del sector eléctrico y a establecer mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas por parte de las grandes empresas eléctricas; a reconocer el Derecho a la Energía de toda la población, incorporando en su ordenamiento jurídico los procedimientos necesarios para aplicar el principio de precaución; a que durante el estado de alarma del COVID-19 asegurara el acceso a una energía suficiente para vivir dignamente a un precio asequible a toda la población, prohibiendo los cortes de luz o gas, en primera residencia, independientemente de la comercializadora que se tenga contratada; y a modificar la regulación para que todas las comercializadoras eléctricas puedan facilitar las ayudas estatales existentes contra la pobreza energética, y en particular el bono social, puesto que todas ellas lo están pagando sin poder facilitarlo a sus clientes y clientas.