El consejo de Administración de Aguas de Cádiz (ACASA), con los votos de los representantes del Equipo de Gobierno y del PSOE ha acordado disolver la comisión ejecutiva delega de esta empresa municipal ante la negativa del su vicepresidente y consejero por el Partido Popular, Ignacio Romaní, a abandonarla. Esta comisión de investigación pretendía esclarecer la relación entre la empresa municipal del agua y el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social, que coordina el director de la tesis doctoral del propio Romaní, en el periodo en el que el edil popular fue presidente de la misma. El posicionamiento de seis de los ocho consejeros presentes (los tres representantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y de los tres del PSOE) no han logrado que el consejero del Partido Popular, Ignacio Romaní, renuncie finalmente a formar parte de esta investigación.
El presidente de la empresa municipal, Álvaro de la Fuente, ha asegurado que ante “la cerrazón del consejero del PP, esta comisión no tiene sentido seguir adelante con este proceso”.
El pasado 23 de abril el consejo de ACASA aprobó establecer una comisión que aclarara la relación entre la empresa municipal y el observatorio del director de la tesis doctoral del que fuera presidente de la misma y actual vicepresidente, Ignacio Romaní, a la luz de las informaciones periodísticas que atribuían un pago por parte de la empresa municipal de 42.000 euros al Observatorio que dirigía el director de la tesis del ex presidente cuando estaba al frente de la sociedad. Esta comisión iba a estar formada por un representante de cada fuerza política con presencia en el consejo, y el PP había designado al propio Romaní.
El presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, calificó entonces lo ocurrido de “increíble e insólito”. Para De la Fuente esta comisión “nació ya herida, puesto que es absurdo lo que ha hecho el PP, que vive completamente ajeno a la realidad”. Por ello, los representantes del Equipo de Gobierno (dos de Por Cádiz sí se puede y uno de Ganar Cádiz en Común) y del PSOE han pedido formalmente en el consejo de administración de esta tarde que Romaní abandonara dicha comisión. Sin embargo, esta petición no ha sido acogida por Romaní y su partido, que han optado por mantenerlo en la misma.
El presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, ha señalado al termino del consejo de esta tarde que “es un despropósito que Romaní siga empeñado en estar presente en esta comisión, no tiene ningún sentido más allá que el de enturbiar, entorpecer y boicotear esa comisión”, ha sentenciado el también concejal de Medio Ambiente.
De la Fuente ha afirmado que “la comisión nació herida por la presencia de Romaní y ahora está muerta por culpa de un PP que demuestra que vive muy alejado de la realidad y quiere ser juez y parte”.
El edil ha insistido en que “tenemos la obligación de estudiar y poner en marcha otras vías porque está en entredicho la reputación de una empresa municipal y porque la gente tiene derecho a saber qué se ha hecho con su dinero”.
El presidente de la empresa pública ha aseverado que “nosotros le brindamos a Romaní la oportunidad de que se defienda y esclarezca lo que deba esclarecer, lo que no tiene sentido es lo que intenta vendernos el candidato del PP, Juan José Ortiz, que quiere que Romaní actor principal en esta comisión. Eso vulnera la ética y la transparencia”.
PP: “Los que pretenden el linchamiento de nuestro portavoz prefieren que no se pueda defender”
El Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP) ha indicado, tras el Consejo de Administración de Aguas de Cádiz, que su portavoz y consejero en la empresa, Ignacio Romaní, no va a renunciar a su legítimo derecho de defensa en los foros en los que como consejero puede y debe estar.
La comisión que finalmente se ha anulado, era justo una Comisión Ejecutiva delegada por el Consejo de Administración en materia de investigación de las actuaciones de la sociedad, que puedan afectar a la imagen y reputación de esta, entre otras, las relaciones con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa. Los populares han llamado la atención sobre el nombre de la pretendida comisión y lo han comparado con la creada en 2016, en el seno de la misma empresa con el nombre de Comisión para el estudio y esclarecimiento del incidente en el servicio de abastecimiento de agua del Barrio de Loreto.
La misma empresa ha planteado dos comisiones de supuesta investigación y en ninguna de ellas se acusaba a nadie en el enunciado de la misma: “hace dos años nadie dijo absolutamente nada sobre el hecho de que el anterior responsable de Aguas estuviera en la de Loreto, pero ahora es calificado de inconcebible algo que es exactamente lo mismo”, por lo que se han preguntado “cuáles son las verdaderas intenciones de Podemos en este asunto”.
El GMPP ha señalado que “es curioso que ni Podemos ni Ganar Cádiz, y ni siquiera el PSOE, tan contundentes en este planteamiento sobre quien puede y no estar en una comisión de investigación no hayan pedido ya que el alcalde, que se sentará en el banquillo en julio a raíz precisamente de su actuación en la comisión llamada de Loreto, deje de presidirla. Es el mayor sinsentido que hayamos podido escuchar en estos tres años. Los que pretenden el linchamiento de nuestro portavoz prefieren que no se pueda defender. Son los mismos que se ponen dignos para exigir documentación mientras filtran papeles de manera sesgada”.
Los populares también indicaron sobre este asunto que no permitirán que pase ahora como ha ocurrido en el llamado Caso Matadero, que actualmente tiene como imputados a dos concejales del Equipo de Gobierno, Martín Vila y Eva Tubío. “Cuando montaron la campaña de acoso y derribo a nuestras dos concejalas todo el mundo las acusaba en prensa, y ahora –delante del juez- nadie recuerda haber denunciado: Martín Vila declaró que creía que fue el PSOE el que primero denunció, Antonio Chico -de la Junta de Personal- declara que no sabe si copió la denuncia de la que hizo Fran González… y para colmo se pierden sorpresivamente expedientes de servicios sociales que formaron parte de la instrucción inicial. Si el entorno del alcalde pretende que en este nuevo linchamiento nos apartemos para que vuelvan a perderse o a aparecer expedientes y que se puedan volver a hacer acusaciones falsas, que esperen sentados”.
Los populares señalaron también que Ignacio Romaní ha presentado en el día de hoy en el Consejo de Administración un acta notarial en el que –bajo firma del notario- consta que la documentación que el portavoz presentó a la prensa cuatro horas después de aparecer la noticia en los medios de comunicación no había sido manipulada. En dicho acta se certifica la hora y fecha de recepción del correo electrónico por parte de Romaní, y el contenido del mismo, que no es otra cosa que –exactamente- el documento mostrado a los medios el pasado 18 de abril.
Los populares concluyeron señalando que “en este asunto es hora de que empiecen a dar explicaciones otros que acusan en la prensa sin ofrecer ninguna prueba ni documentación al respecto: es muy fácil apuntar para que luego otros perpetren actos injustificados como el ocurrido en los domicilios de nuestro portavoz y sus padres. Romaní ha dado -desde el minuto uno- todas las explicaciones que se le ha pedido, ha contestado en el consejo a decenas de preguntas, y mientras, los que pretenden acusarlo, se limitan a señalarlo en prensa sin meditar las graves consecuencias que pueden tener, y de hecho ya han tenido sus acciones”.