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Jue. Mar 28th, 2024

El Equipo de Gobierno lamenta el carácter “discriminatorio e injusto” del Bono Social Estatal

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha lamentado hoy que el Bono Social Estatal presentado por el Gobierno Central “sea discriminatorio e injusto”. Tras conocer, con varios meses de retraso sobre el plazo anunciado, el borrador del reglamento del Bono Social, critica que “sólo podrán ofrecerlo las comercializadoras de referencia, lo que actualmente impide que Eléctrica de Cádiz se lo pueda facilitar a sus clientes”.

El Equipo de Gobierno ha señalado que, a pesar de la reforma, el bono social del Gobierno del Partido Popular beneficia a unas familias sobre otras, “de manera arbitraria”. “Con este bono social vamos a pagar entre todas y todos un descuento del 25% de la factura a miles de familias numerosas de altos ingresos, mientras que el 80% de las familias de Cádiz se siguen quedando fuera de poder pedirlo, a no ser que se cambien de compañía eléctrica”.

También ha lamentado que el Gobierno Central haya hecho “oídos sordos” a las sugerencias enviadas por el Ayuntamiento de Cádiz el pasado mes, en la consulta pública realizada. Según el mencionado borrador, que puede consultarse en la página web del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el bono social estará vinculado a la renta familiar, salvo en el caso de las familias numerosas, que se aplicará directamente, sin tener en cuenta el nivel de ingresos.

Para ser considerado consumidor vulnerable, una persona tiene que estar acogida necesariamente al Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) y además cumplir uno de los requisitos siguientes: tener una renta igual o inferior a 798€ para las familias sin menores (1,5 IPREM), una renta 1065€ mensuales para familias con 1 menor a su cargo (2 IPREM), de 1331€ con 2 menores (2,5 IPREM); o ser familia numerosa o tener todos los miembros con pensión mínima por jubilación o incapacidad permanente.

Además de definir el consumidor vulnerable, se establecen dos nuevas categorías, la de consumidor vulnerable severo y la de consumidor en riesgo de exclusión. Según el borrador, una vez se aprobara el proyecto de ley definitivo, las familias que acreditaran el cumplimiento de los requisitos y contrataran la luz con una empresa del mercado regulado, en el caso de los consumidores vulnerables tendrían un descuento del 25% en la factura, con unos límites de consumo a los que se aplicará el descuento para cada tipo de beneficiario. Los consumidores vulnerables severos tendrían un 40% de descuento en la factura sobre los límites de consumo. En el caso de las familias numerosas, ese límite será tres veces más alto que el de las familias que no tengan menores. Respecto a la financiación.

Límites de consumo anual

El reglamento mantiene también que lo paguen todas las comercializadoras en base al número de clientes. “No tiene ningún sentido que financien el bono social las empresas del sector eléctrico que menos beneficios sacan y se deje fuera a las empresas productoras y distribuidoras, que son las que más negocio hacen con la electricidad. Es terrible que el Gobierno del Partido Popular utilice una medida tan necesaria como el bono social para beneficiar económicamente a las grandes empresas del oligopolio y a las familias numerosas que no necesitan estas ayudas, a costa de perjudicar a todos los consumidores. Porque las comercializadoras, van a trasladar su coste a todos los clientes subiendo las tarifas”, ha subrayado.

Por otro lado, el borrador introduce nuevos plazos para el corte de suministro a familias consideradas vulnerables y vulnerables severas, y una protección especial a las familias vulnerables severas en riesgo de exclusión, a las cuales, las empresas no podrán cortar la luz. El Equipo de Gobierno ha señalado que “habiendo cierto avance en cuanto a los cortes, sobre lo que teníamos, que era nada, en esta parte también hay trampa, porque para que una familia sea considerada en riesgo de exclusión, es obligatorio que disfrute del bono social del estado (PVPC), que la familia sea atendida por Asuntos Sociales y que el Ayuntamiento haya pagado el 50% de la factura. Esto no tiene ningún sentido, porque en Cádiz deja fuera a todas las familias que realmente están en riesgo de exclusión por tener contratada la luz con Eléctrica de Cádiz”.

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