Feragua cuestiona el Inventario de Cauces Públicos del Guadalquivir por su impacto en el medio rural
La asociación de regantes pide ampliar el plazo de alegaciones al Inventario de Cauces Públicos del Guadalquivir y advierte de posibles afecciones sobre propiedades privadas en la cuenca
La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) ha cuestionado el alcance y los efectos del Inventario de Cauces Públicos del Guadalquivir, actualmente en fase de información pública, y ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) una ampliación de un mes y medio del plazo de alegaciones, fijado hasta el próximo 22 de abril.
El inventario, que según la organización es el primero de estas características en España, identifica como dominio público hidráulico cerca de 170.000 arroyos y más de 270.000 tramos en toda la demarcación del Guadalquivir. Feragua considera que la magnitud del documento y su incidencia sobre terrenos rústicos pueden generar “una elevada carga de revisión” para comunidades de regantes y propietarios afectados.
La principal objeción planteada por la asociación se centra en la diferencia de tratamiento entre el ámbito urbano y el rural. Según expone, mientras que en las ciudades el inventario tendría carácter informativo, en el campo tendría efectos normativos, lo que implicaría consecuencias directas sobre la propiedad privada y los usos del suelo.
El Inventario de Cauces Públicos del Guadalquivir delimita qué terrenos son considerados dominio público hidráulico. Esta catalogación puede conllevar la aplicación de zonas de servidumbre y de policía, que establecen limitaciones a la edificación, a determinados usos agrícolas y a futuras transformaciones de las parcelas afectadas.
Feragua advierte de que, en algunos casos, la inclusión de terrenos como dominio público podría suponer restricciones sin compensación económica. La organización señala que la delimitación entre cauce público y privado resulta “difusa” en determinados puntos de la cuenca, lo que, a su juicio, incrementa la inseguridad jurídica.
Otro de los aspectos señalados por la asociación es el criterio aplicado para identificar los cauces. Según indica, en el documento sometido a consulta pública la mera presencia de una lámina de agua en un arroyo —como una balsa o charca— derivaría automáticamente en su consideración como dominio público hidráulico. Feragua sostiene que algunas de estas balsas cuentan con autorización como infraestructuras de aguas pluviales y que, en resoluciones anteriores, la propia CHG habría reconocido el carácter privado de determinados arroyos.
En este sentido, la organización considera que puede existir una contradicción entre el inventario ahora presentado y decisiones administrativas previas. También cuestiona la metodología empleada para su elaboración, basada —según expone— principalmente en información cartográfica y catastral, sin un contraste suficiente sobre el terreno.
Por ello, Feragua reclama que la Administración revise la propuesta con un trabajo de campo más detallado y que aplique un tratamiento homogéneo en el medio urbano y rural. Asimismo, insiste en la necesidad de ampliar el plazo de alegaciones para que los afectados puedan analizar con mayor profundidad un documento de gran extensión y complejidad técnica.
El Inventario de Cauces Públicos del Guadalquivir afecta a toda la demarcación hidrográfica, que abarca territorios de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, aunque la mayor parte de su superficie se sitúa en Andalucía. La fase de información pública permite a particulares, comunidades de regantes y ayuntamientos presentar alegaciones antes de su aprobación definitiva.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no se ha pronunciado por el momento sobre la solicitud de ampliación del plazo ni sobre las críticas formuladas por la asociación de regantes.
