La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presidido la Conferencia Sectorial de Igualdad, que ha acordado los criterios de reparto de 100 millones de euros para la prevención y atención contra las violencias machistas, para que lleguen a todas las poblaciones de España.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presidido la Conferencia Sectorial de Igualdad, acompañada por la secretaria de Estado para la Igualdad de Género, Noelia Vera; la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas; la directora General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho; y la directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo.
Irene Montero ha empezado su intervención recordando que ante esta situación de alarma machista, «esta Conferencia Sectorial de Igualdad», que tiene entre sus finalidades conseguir la máxima cooperación y colaboración entre la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas (CCAA) en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer y en la atención a sus víctimas, «adquiere una relevancia mayor». «Se trata de una herramienta de coordinación y comunicación que hoy, sin ninguna duda, es más necesaria que nunca tras los últimos asesinatos machistas».
Montero ha trasladado a las CCAA presentes que la intención del Ministerio de Igualdad es tener el Plan de Mejora y Modernización de las Actuaciones Contra la Violencia de Género listo en el mes de julio. En ese sentido, ha destacado el papel fundamental de las CCAA y entidades locales para poder diagnosticar qué se debe cambiar o mejorar. «Es en cada uno de los territorios donde se regulan los servicios de atención, ya sean ambulatorios o residenciales, dónde se presta la atención integral y directa a las mujeres y menores víctimas, por eso quería reiterarles la importancia de que realicen todas las aportaciones posibles al Plan».
Como resultado de las aportaciones recibidas hasta ahora, Montero ha informado que desde el Ministerio se elaborará, entre otras medidas, un Protocolo Marco de ámbito estatal. Éste recogerá una serie de recomendaciones para la actualización de las acciones de detección, prevención, sensibilización, protección y reparación. «Creo que tenemos mecanismos muy útiles y muy potentes que debemos poner en valor, que deben de guiar y acompañar la actuación común, en aras de poder dar cumplimiento también a los cuatro pilares en los que se fundamenta el Convenio de Estambul: prevención, protección, enjuiciamiento y una actuación coordinada interinstitucional».
Financiación
En esta misma línea de trabajo, además de llevar a cabo dicho diagnóstico, la ministra ha reiterado cómo de fundamental es hacer permanente el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género (PEVG) y, sobre todo, su financiación.
En ese sentido hoy se han acordado los criterios de reparto de los fondos del PEVG, que este año cuentan con una importante novedad que permite dar cumplimiento a una de las peticiones de los territorios, ampliando a qué programas y actuaciones se podrán destinar el 10% de los 100 millones de euros de transferencias a las CCAA y Ciudades Autónomas. De esta forma no solo se podrán destinar a proyectos del Capítulo 4 sino también a gastos del Capítulo 6 que desarrollan el eje 1 del PEVG.
Además, tal como ha explicado la Delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a la hora de repartir la totalidad de los fondos, se han tenido en cuenta distintas variables y ponderaciones como la insularidad, la ubicación como ciudad fronteriza, el número de mujeres de cada territorio, o cuestiones laborales como el número de mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo, mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad. También se han valorado cuestiones como la dispersión poblacional y la población rural.
La Conferencia Sectorial de Igualdad también ha aprobado los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2021 del crédito de 7.000.000 de euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; el crédito de 1.000.000 euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; y el crédito de 5.000.000 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.
Junto a estos fondos, se suman 40 millones de euros para las entidades locales abonados el pasado mes de diciembre, lo que multiplica por dos el importe destinado en el pasado ejercicio. De esta forma, se llega a los 8.131 municipios de toda España y no solo a aquellos adscritos al programa VIOGÉN, sino también a todos los de ATENPRO. Esto permite que todos ellos, sobre todo los de menor población y por tanto menos recursos, puedan mejorar la atención que dan a las víctimas de violencia y facilitar la ejecución de las medidas incorporadas en el PEVG.
Grupo de Trabajo Corresponsables
Finalmente, y tal como ha explicado la Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Noelia Vera, se ha acordado poner en marcha un Grupo de Trabajo (GT) del Plan Corresponsables. «Un paso más en las políticas públicas destinadas a facilitar la conciliación en las familias». Este GT será el que siga y evalúe la ejecución del Plan Corresponsables. «Será el que nos transmita la evolución de esta nueva política semilla que permitirá la paulatina transformación del sistema de cuidados en España».