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IU lleva a Diputación una batería de medidas para hacer frente a la grave sequía a la que se enfrenta la provincia

Por Redacción Mar 11, 2022 #agricultura #diputación #iu

Entre las cuestiones planteadas, diputada provincial, Carmen Álvarez, propone que se estudie la posibilidad de instalar desaladoras, que se elimine el uso ilegal del agua o que se reutilice el agua de las depuradoras para el riego y la agricultura

Carmen Álvarez
Carmen Álvarez

Izquierda Unida ha registrado una proposición para el próximo Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz en la que incluye una batería de medidas para combatir los efectos de la sequía en la provincia de Cádiz y las graves consecuencias que puede tener para la agricultura y para el consumo humano.

Así, la portavoz de IU en la Diputación, Carmen Álvarez, alude a la situación “alarmante” de los pantanos gaditanos, con niveles de agua embalsada al día 1 del presente mes de marzo situados en mínimos históricos en las últimas tres décadas; concretamente, la media de todo lo embalsado, según apunta la diputada provincial, está en un 28,9%, “es decir de los 1.820,89 hectómetros cúbicos que pueden almacenar los pantanos sólo hay 526,20”. De éstos, los niveles más bajos de almacenamiento se corresponden con el embalse Barbate (en Alcalá de los Gazules) y de Bornos. Asimismo, Álvarez hace alusión a la medida adoptada recientemente por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha comunicado a los agricultores nuevas medidas para el riego, o la de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que ha anunciado que el próximo 18 de abril se pondrán en marcha restricciones en los niveles de presión del caudal en los municipios de la comarca.

La portavoz de IU considera que “las administraciones competentes deben adoptar medidas urgentes, cada una de ellas dentro de sus competencias, para evitar situaciones insostenibles”. De esta manera, la moción contempla una batería de medidas, destinadas a paliar la situación y a prevenir de cara a futuras campañas, todas ellas dirigidas, tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como a la Junta de Andalucía.

Entre estas medidas, plantea que se estudie la viabilidad de instalar plantas para desalinizar el agua de las costas de Cádiz, teniendo en cuenta que “la desalinización del agua es hoy más económica gracias a los avances en este sector, al usar filtros hechos de grafeno, que puede desalinizar el agua con más que presión hidrostática, lo que reduce la cantidad de energía necesaria”; redactar planes de gestión dentro de los Planes de Demarcación para garantizar el mantenimiento de reservas, de manera que en todo momento haya una cantidad adecuada de agua circulante por los ríos y almacenada en acuíferos en prevención de y durante los momentos de sequía y aprobar los Planes Hidrológicos de Demarcación pendientes.

Asimismo, propone la moción que se realice un estudio sobre el estado actual de los diez embalses que existen en la provincia de Cádiz, así como de la vida útil de los mismos; promover la reutilización del agua de las depuradoras para el riego y la agricultura; implantar regímenes de caudales ecológicos, elaborados con criterios científicos rigurosos; revisar las actuales tarifas del agua, de modo que disuadan del despilfarro y aseguren la recuperación de los costes reales del recurso, de gestión y ambientales del uso del agua; eliminar el uso ilegal del agua, tanto en casos de uso completamente ilegal, como es el caso de los 510.000 pozos ilegales que hay en toda España, como en aquellos en los que el volumen realmente utilizado supera el autorizado en los permisos.

Por otro lado, propone condicionar las subvenciones públicas al uso eficiente, sostenible y legal del agua, ya sean fondos regionales, estatales o europeos, vinculados o no a la PAC y condicionar las certificaciones de calidad, tanto públicas (producción integrada, denominaciones de origen, etc.) como privadas (protocolos de compra de supermercados, etc.) al uso eficiente, sostenible y legal del agua. Finalmente, pide que promueva la participación pública para la gestión del agua, la escasez y la sequía y que se mantengan en el tiempo las campañas de sensibilización y educación sobre la importancia del recurso y de su buen uso.

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