La portavoz de IU y diputada provincial, Carmen Álvarez, explica que IU pedirá que se estudie la posibilidad de aplicar un tributo o tasa a los cajeros automáticos de las entidades bancarias que descuidan la atención a personas vulnerables. Además, se solicitará en la propuesta que se tenga en cuenta la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios y que se haga especial hincapié en las personas vulnerables.
IU presentará una moción al próximo pleno del mes de febrero para que las entidades bancarias ofrezcan un servicio y atención adecuados, teniendo una especial atención a las personas vulnerables. La portavoz y diputada provincial, Carmen Álvarez, deja claro que la presentación de esta moción nace del malestar generalizado de la ciudadanía sanluqueña ante una atención deficitaria de las oficinas bancarias en nuestra localidad.
Hay que tener en cuenta que la banca está llevando a cabo desde hace años cierre de sucursales y despido de personal, lo que conlleva la reducción de la atención directa y la reducción del horario de atención al público, incentivando que los usuarios/as tengan que realizar las operaciones a través del cajero automático o las aplicaciones de banca online. Álvarez deja claro que hay que tener en cuenta que hay personas mayores o que no tienen habilidades con las nuevas tecnologías, para los que esto supone un grave perjuicio.
El pasado 19 de enero de 2021 fue aprobado por el Consejo de ministros, un Decreto-ley por el que se modifica la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios, donde se ha incorporado la figura de la persona consumidora vulnerable, añadiéndose a la normativa nacional referencia expresa a estas personas o colectivos en aquellos aspectos relativos a las relaciones de consumo donde sus derechos requieran de una protección reforzada. De hecho, hay que tener en cuenta que incluso FACUA-Consumidores en Acción considera que la negativa de los bancos a dar atención personal a consumidores supone una vulneración de la legislación bancaria y del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Al igual que a las administraciones públicas, por primera vez se incluye en la ley de forma expresa la obligación por parte de las empresas de prestar los apoyos necesarios a las personas consumidoras vulnerables para que puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman.
Según esta normativa, debemos destacar que perfiles entrarían dentro de la definición de persona consumidora vulnerable las personas de edad avanzada con un bajo nivel de digitalización; personas con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial con dificultades ante la falta de accesibilidad a la información según sus necesidades; personas con bajo nivel educativo a la hora de firmar contratos complejos y personas mayores no habituadas a utilizar la tecnología de compras on line.
Por todo ello, desde IU se solicita que el Ayuntamiento adopte los protocolos de Atención Ciudadana para incorporar la figura de la persona consumidora vulnerable, desarrollando una normativa específica si fuese necesaria. Además, se solicita instar al conjunto de las entidades bancarias que operan en la ciudad a reforzar los recursos para ofrecer un servicio adecuado, durante todo el horario de oficina, para cubrir las necesidades de los usuarios, en especial a la gente mayor que no puede acceder a las gestiones en línea y se ve abocada a situaciones penosas a la hora de acceder a las oficinas bancarias e instar al conjunto de entidades bancarias que operan en la ciudad a prestar una atención prioritaria a las personas consumidoras vulnerables.
Además, se va a solicitar que el Ayuntamiento, en sus operaciones propias, tenga en cuenta para la elección de entidad bancaria, aquellas que atienden correctamente a las personas vulnerables. Asimismo, se va a solicitar la posibilidad de poner en marcha una comisión técnico-política que estudie la aplicación de una tasa o tributo a los cajeros de entidades bancarias que descuidan la atención de las personas vulnerables.