El diputado nacional de Ciudadanos lamenta que hayan pasado cuatro años desde el primer intento de cesión mientras el castillo sigue estando en manos del Estado
“La gestión del Castillo de San Sebastián sigue siendo fuente de polémica mientras el estado de deterioro de esta fortificación sigue creciendo”, así lo ha expuesto en el Congreso el diputado nacional de Ciudadanos (Cs), Javier Cano, tras registrar una pregunta en la que solicita al Gobierno central explicaciones sobre el estado en el que se encuentra su cesión.
Cano ha recordado que desde que en 2014 el gobierno municipal solicitara al Ministerio de Medio Ambiente la cesión de la gestión del castillo de San Sebastián y contando con el visto bueno de la Dirección de Costas, hasta la fecha nada se sabe de su situación. “El castillo sigue estando en manos del Estado. Costas no sabe qué hacer con la fortificación, cada vez en peor estado de conservación, porque no entra dentro de su ámbito de actuación. Y el Ayuntamiento sigue reclamando su traspaso”.
“Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz manifiesta no comprender por qué el Ayuntamiento aún no ha dado el paso para confirmar la cesión”, ha señalado el diputado nacional informando que “una vez terminada la vigencia del convenio de 2013, en 2017 el Ayuntamiento pidió su continuidad. Hace apenas unos meses se criticaba el silencio del Estado ante esta solicitud. Pero en este caso, la Subdelegación del Gobierno resalta que el convenio se prorroga tácitamente si una de las dos partes así lo pedía, lo que así ha ocurrido”.
El Subdelegado y la propia Demarcación de Costas asumen el mal estado de la fortificación, pero insisten en que el edificio “sigue estando en manos del Ayuntamiento y es el Ayuntamiento el que debe de ratificar que sigue estando interesado en gestionarlo, más allá de la cesión hoy en vigor”.
Cano también ha hecho referencia en su escrito sobre la situación en la que se encuentra el laboratorio del Ceimar, de la Universidad de Cádiz, que ocupa varias dependencias del castillo y que desde los temporales del año pasado se encuentra cerrado, “a pesar de la importante labor de investigación, promoción e información que venía realizando, cuya utilización también es objeto de controversia entre ambas Administraciones”, ha concluido