La magistrada Esther Burgos Ruiz, del Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz, ha dictado sentencia absolutoria sobre el Alcalde de Cádiz, José María González, su jefe de gabinete, Vicente Barcia y el ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntmiento, Manuel González Bauza, que fueron acusados por miembros del anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular de un delito continuado de calumnias y, en su defecto, de un delito continuado de injurias por las manifestaciones vertidas en la asamblea en la que presentaron a los vecinos del barrio de Loreto el informe realizado por Aguas de Cádiz sobre el corte de suministro que aconteció en el otoño de 2014, derivado de la presencia de bacterias en el agua.
José María González ha mostrado su satisfacción ante la sentencia judicial. De esta manera, “la justicia ha demostrado que nuestro único compromiso ha sido con la verdad y con los vecinos y vecinas del barrio de Loreto”.
Según ha destacado el alcalde, la sentencia es “rotundamente absolutoria y no deja lugar a dudas sobre que no existió por parte nuestra ninguna voluntad de difamar, calumniar o injuriar al anterior Equipo de Gobierno comandado por la exalcaldesa Teófila Martínez”.
El regidor gaditano ha añadido que el fallo judicial pone de manifiesto que “hay un interés del PP por judicializar la vida política de la ciudad que no le está dando ningún resultado”, advirtiendo a ese partido de que “si quiere parar el cambio en esta ciudad, va a tener que hacerlo en las urnas”.
En su opinión, es “lógico” que la “maniobra” del PP haya fracasado, ya que la denuncia que han presentado es, “además de endeble, absolutamente torticera”. En este sentido, ha recordado que el abogado del PP y “arquitecto de la demanda” fue su candidato a la Alcaldía, Juan José Ortiz, quien “no se presentó el día del juicio, ni siquiera para corroborar la denuncia”. Tampoco acudió al juicio el concejal José Blas Fernández, quien ejercía la acusación particular.
El alcalde ha enfatizado que “queda absolutamente claro que las declaraciones que hicimos no fueron calumniosas ni injuriosas, y que lo que hicimos en aquella asamblea –en alusión a la celebrada con los vecinos de Loreto en marzo de 2016— fue decir la verdad”, recordando que sus manifestaciones estaban “amparadas en informes técnicos provenientes de la propia empresa Aguas de Cádiz y corroborados por informes de la Universidad”. De dichos informes se desprende que “durante los días negros de la crisis del agua de Loreto se suministró agua no apta para el consumo con conocimiento”.
Según ha señalado, la exalcaldesa Teófila Martínez decía en sus comparecencias e incluso en el Pleno, como consta en las actas, que “el índice de contaminación bacteriana del agua era 0,0”. Lo que hicieron los tres acusados fue “contradecir esa argumentación apoyándose en informes”, ha explicado.
Por tanto, la sentencia reconoce que “únicamente había un interés de crítica política”, máxime teniendo en cuenta que “no se tomó ninguna medida correctora del asunto y no se pidió responsabilidades a nadie”, ni a los técnicos ni al concejal Ignacio Romaní, que en aquel momento era presidente de Aguas de Cádiz. “Mientras pagaba 42.000 euros al director de su tesis en Loreto pasaban estas cosas”, ha apostillado el alcalde.
Por todo ello, José María González ha considerado que el PP tendría que “pedir perdón al Equipo de Gobierno, al barrio de Loreto y a la ciudad de Cádiz, que no merece tener unos representantes políticos de la talla de los del PP”, que han cometido una “falta de respeto absoluta a la política y a la ciudad que dicen defender”.
En su opinión, queda “meridianamente claro que el único objetivo del PP al presentar la demanda era sentar al alcalde en el banquillo”. Finalmente, ha subrayado en que, con independencia de que el asunto tenga “epílogo” con un posible recurso del PP, “ha quedado claro cuál era el compromiso del Equipo de Gobierno con los vecinos del barrio de Loreto, que no era otro que la verdad”.
El PP anuncia que recurrirá la sentencia
El Grupo Municipal del Partido Popular de Cádiz señala que estudiará en profundidad la misma en todos sus términos y que, si bien respeta la decisión judicial, no comparte de ningún modo los argumentos esgrimidos en la misma.
Por este motivo el GMPP anuncia que recurrirá la misma ante la Audiencia Provincial de Cádiz en el plazo establecido y llegará “hasta donde tengamos que llegar, porque insistimos en que acusar a una persona de suministrar agua contaminada a sabiendas es un delito, lo haga un cargo público o lo haga quien lo haga. Los populares gaditanos señalaron que “para nosotros el honor es inherente a la persona y cuando decidimos participar en política y en la gestión de lo público ninguno de nosotros firmó un papel para renunciar a nuestra reputación y a defender nuestro honor”.