Jucil valora la condena del TSJA al ‘petaqueo’ y reclama una regulación penal clara en toda España

La asociación alerta de vacíos legales y defiende que el suministro de combustible a narcolanchas es una pieza clave de la logística del narcotráfico

La asociación profesional de guardias civiles Jucil ha valorado positivamente la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que condena a prisión por primera vez a un ‘petaquero’ al considerar delictiva la tenencia y el transporte de grandes cantidades de gasolina destinadas al abastecimiento de narcolanchas. La entidad sostiene que el fallo supone un respaldo a la tesis de que el suministro de combustible es una parte esencial de la infraestructura del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar, aunque advierte de que sigue siendo necesario un marco penal uniforme a nivel estatal para evitar disparidades de criterio.

La sentencia revocada por el TSJA había absuelto en primera instancia al acusado por transporte de sustancias inflamables, aplicando criterios administrativos y no penales. Tras estimar el recurso de la Fiscalía, el tribunal dio por acreditado que el traslado de grandes cantidades de combustible destinados a embarcaciones empleadas para el tráfico de drogas genera un riesgo claro para la seguridad pública y encaja en el artículo 568 del Código Penal. Con este fallo, la condena total contra el acusado ascendió a 12 años de prisión por delitos de salud pública y tenencia ilegal de sustancias inflamables.

Jucil considera que la resolución refuerza la interpretación de que el ‘petaqueo’ no es una actividad marginal, sino un componente logístico indispensable para mantener operativas las embarcaciones empleadas en el transporte marítimo de droga. La asociación recuerda que la actividad de suministro de combustible es la que permite a las narcolanchas aumentar su autonomía en alta mar, prolongar rutas y evitar controles, lo que incrementa la capacidad operativa de las organizaciones.

Para la asociación, el fallo supone un avance, pero resulta insuficiente mientras la tipificación penal continúe dependiendo de la interpretación judicial de un artículo concebido originalmente para explosivos y sustancias inflamables en otros contextos. La entidad sostiene que esta situación genera disparidades territoriales y deja margen para que los grupos criminales aprovechen grietas normativas en zonas de mayor presión operativa.

Jucil plantea dos vías legislativas: la inclusión expresa del ‘petaqueo’ en el Código Penal o la clarificación del artículo 568 mediante una reforma que elimine dudas interpretativas y establezca una respuesta homogénea en las distintas jurisdicciones. La asociación insiste en que la unificación normativa permitiría reforzar la seguridad jurídica tanto para los agentes que actúan en la lucha contra el narcotráfico como para los tribunales encargados de procesar estos casos.

La provincia de Cádiz concentra desde hace años buena parte de esta actividad, especialmente en el Campo de Gibraltar, zona en la que la Guardia Civil mantiene actuaciones constantes contra embarcaciones de alta velocidad y contra la infraestructura que sostiene su operatividad. La expansión del fenómeno hacia otras zonas costeras andaluzas ha llevado a las organizaciones criminales a diversificar puntos de aprovisionamiento de combustible y a ocultar almacenamiento en áreas rurales y poligonales.

Además del marco legal, Jucil señala que la lucha contra el narcotráfico requiere medios humanos y materiales adecuados. La asociación denuncia que la reciente redistribución de efectivos procedentes de unidades específicas como OCON-Sur no ha supuesto un refuerzo neto, sino un traslado de personal entre divisiones que ha debilitado otras áreas operativas. En materia de equipamiento, advierte de carencias en embarcaciones, vehículos y dotaciones que dificultan la actuación diaria frente a organizaciones con elevada capacidad logística.

La asociación sostiene que la presión legal, judicial y operativa debe concentrarse tanto en el transporte directo de droga como en las actividades auxiliares que permiten sostenerlo, entre ellas el suministro de combustible, el mantenimiento de embarcaciones, la vigilancia marítima o la provisión de puntos de almacenaje. Para Jucil, la reciente sentencia del TSJA es un precedente relevante en esta línea, pero considera que el legislador debe cerrar definitivamente el debate para consolidar una política penal eficaz frente al narcotráfico en el Estrecho.