Junta y Costas estudian la permanencia del chiringuito Galápagos en Rota

La primera reunión sobre la permanencia del chiringuito Galápagos en Rota aborda las distancias, las aguas residuales y otros requisitos tras la sentencia del TSJA

La Junta de Andalucía y la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico han iniciado este 1 de octubre las consultas para estudiar la permanencia del chiringuito Galápagos en Rota. La reunión se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenara retrotraer el procedimiento sobre la modificación de la concesión del establecimiento, situado en la playa de La Costilla.

Representantes de la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz y de la Demarcación de Costas participaron en este primer encuentro de trabajo. Ambas administraciones expusieron sus criterios técnicos y jurídicos sobre el expediente, según la información difundida por la Junta.

La reunión se centró en las cuestiones que podrían ser objeto de subsanación para ajustar la actividad del establecimiento a la normativa de Costas. Entre los asuntos analizados figuran las distancias, la gestión de las aguas residuales y otros requisitos técnicos relacionados con la concesión.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, señaló que existe disposición para buscar un acuerdo sobre estos aspectos. Según la versión trasladada por la Junta, Costas estudiará las cuestiones pendientes desde los puntos de vista técnico y jurídico para determinar las posibilidades de mantener el establecimiento dentro de la legalidad.

El objetivo planteado por la Administración autonómica es encontrar una fórmula que permita al chiringuito continuar abierto durante todo el año. Esa posibilidad queda condicionada al cumplimiento de la normativa aplicable, a la protección del litoral y al mantenimiento del uso público del dominio público marítimo-terrestre.

El procedimiento se encuentra de nuevo en periodo de consultas como consecuencia de la resolución del TSJA. La sentencia acordó que se retrotrajeran las actuaciones para abrir esta fase en el expediente relativo a la modificación de la concesión de Galápagos.

Además del caso concreto del establecimiento de La Costilla, las dos administraciones abordaron la necesidad de coordinar sus criterios de interpretación y de tramitación. La Junta considera que esa coordinación podría aportar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a futuros expedientes relacionados con instalaciones situadas en el dominio público marítimo-terrestre.

Curtido defendió la conveniencia de fijar criterios comunes para reducir discrepancias entre administraciones durante la tramitación de este tipo de autorizaciones. Esta cuestión formará parte del trabajo técnico y jurídico posterior al primer contacto mantenido entre la Delegación Territorial y Costas.

Las partes han acordado celebrar una nueva reunión en las próximas semanas. Antes de ese encuentro analizarán los asuntos pendientes y las posibles soluciones que podrían incorporarse al expediente para determinar si resulta viable la continuidad del establecimiento.

La reunión no supone todavía una resolución sobre la modificación de la concesión, sino el inicio de la fase de consultas ordenada tras la sentencia. El resultado dependerá del análisis de los requisitos técnicos y jurídicos y de su adecuación a la regulación de Costas.

La Junta enmarcó su posición en la búsqueda de un equilibrio entre la protección ambiental y el uso del dominio público marítimo-terrestre, por un lado, y la actividad de los establecimientos de playa, por otro. El Gobierno andaluz sostiene que este sector tiene relevancia para el empleo, el turismo y la economía de la provincia de Cádiz, una valoración que utiliza para defender la búsqueda de soluciones compatibles con la normativa litoral.