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La Junta estudia actualizar la ley de víctimas del terrorismo en Andalucía a petición de la AVT

Redacción 17 noviembre, 2026 4 minutos de lectura

La actualización de la ley de víctimas del terrorismo en Andalucía abordaría la asistencia psicológica, jurídica y social, la memoria en las aulas y la respuesta ante atentados

La Junta estudiará una posible actualización de la ley de víctimas del terrorismo en Andalucía tras las propuestas planteadas por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). La entidad reclama revisar la norma autonómica de 2010 para complementar el actual marco de protección y mejorar la asistencia, el reconocimiento y la memoria de las víctimas.

Las peticiones fueron trasladadas durante una reunión entre el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, y la presidenta de la AVT, Lucía Ruiz. En el encuentro participaron también el consejero de la asociación Miguel Folguera y la directora general de Atención Judicial y Víctimas, Ana de Silva Molina.

Uno de los principales asuntos tratados fue la Ley 10/2010, de 15 de noviembre, de asistencia y atención a las víctimas del terrorismo en Andalucía. La AVT considera conveniente modificarla al ser anterior a la legislación estatal aprobada en 2011 y sostiene que su revisión permitiría completar la protección actualmente vigente.

Entre las medidas propuestas figura la elaboración de un protocolo para coordinar la respuesta de la Administración autonómica ante un atentado terrorista. La asociación también ha solicitado incorporar testimonios de víctimas a las aulas de los centros escolares andaluces y adoptar medidas frente a la continuidad de homenajes y actos de recuerdo que considera contrarios a la memoria y la dignidad de las víctimas.

En materia asistencial, la AVT ha planteado revisar las bases que regulan las ayudas autonómicas. Su objetivo es poder acceder a financiación para los servicios de atención psicológica, jurídica y social que presta a las personas afectadas por el terrorismo residentes en Andalucía.

La asociación cuenta con más de 600 miembros en la comunidad autónoma, según los datos difundidos tras la reunión. Gavira expresó la disposición de la Consejería a analizar las propuestas dentro de las competencias de la Administración andaluza, aunque el encuentro se centró en abrir una vía de trabajo y estudiar las posibles actuaciones.

El vicepresidente segundo defendió que la interlocución con las asociaciones debe mantenerse de manera continuada y traducirse en medidas concretas. “Queremos escuchar sus necesidades y trabajar con la AVT para avanzar en respuestas concretas”, manifestó durante la reunión.

Gavira también situó la memoria de las víctimas entre las líneas de actuación que pretende abordar el Gobierno andaluz. En su intervención cifró en más de 1.000 las personas asesinadas por el terrorismo en España, 123 de ellas andaluzas, y rechazó los intentos de “reescribir la historia de ETA”. Sus declaraciones incidieron en la necesidad de diferenciar entre víctimas y responsables de la violencia terrorista.

La revisión de la normativa y el refuerzo de la atención a las víctimas forman parte de los compromisos incluidos en los puntos 71 y 75 del acuerdo de Gobierno suscrito por el Partido Popular y Vox en Andalucía. La Consejería prevé mantener una interlocución directa con la AVT para valorar el encaje de cada propuesta en las competencias autonómicas.

La reunión se enmarca en la ronda de contactos institucionales iniciada por Lucía Ruiz desde su elección como presidenta de la AVT en mayo. A través de estos encuentros, la asociación busca trasladar a las administraciones las necesidades de sus integrantes y reforzar los mecanismos de cooperación en asistencia, reconocimiento y memoria.

Gavira sostuvo que la atención institucional no debe limitarse a las conmemoraciones y señaló que el reconocimiento y la asistencia a las víctimas deben integrarse en el trabajo ordinario de las administraciones. La Junta y la AVT mantendrán el diálogo para analizar la posible reforma legal, las condiciones de acceso a las ayudas y las iniciativas educativas y de coordinación propuestas por la entidad.