La Asamblea General de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), reunida en Changow el pasado mes, ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Cádiz informándole de la ratificación de la adhesión de Cádiz a la AICE, adjuntado el certificado de dicha adhesión firmado por el presidente delegado, Miguel Ángel Essomba I Gelabert.
Cabe recordar que el pasado mes de junio, el Pleno Municipal aprobó por unanimidad la propuesta de aceptación de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras y la adhesión a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Y ya el pasado 30 de noviembre, Cádiz se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Ciudad Educadora que se viene celebrando en 490 municipios de 36 países diferentes con la organización de unas jornadas que se centraron en los retos que deben asumir las diferentes ciudades y el papel que cumplen los agentes educativos para materializar el Derecho a la Ciudad Educadora.
La AICE es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1994 y constituida como una estructura permanente de colaboración entre los gobiernos locales comprometidos con la Carta de Ciudades Educadoras, que es la hoja de las ciudades que la componen. Actualmente, el número de miembros asciende a 480 ciudades de 35 países de todo el mundo.
Entre los principales objetivos de la AICE están los de proclamar y reclamar la importancia de la educación en la ciudad, así como poner de relieve las vertientes educativas de los proyectos políticos de las ciudades asociadas.
La concejala de Enseñanza, Ana Fernández, ha subrayado la importancia de esta adhesión, haciendo referencia para ello al artículo I de la Carta de Ciudades Educadoras, en la que se afirma que “todos los habitantes de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en condiciones de libertad e igualdad, de los medios y oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que la misma ofrece”. El Derecho a la Ciudad Educadora se propone, pues, como una extensión del derecho fundamental a la educación recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. “El artículo insiste en que el derecho a la educación debe garantizarse a colectivos de todas las edades y estratos socioeconómicos; a la vez, las oportunidades de formación no se limitan a la formación reglada, sino que incluyen múltiples oportunidades educativas a lo largo de la vida; oportunidades que los gobiernos locales ofrecen junto a multiplicidad de entidades, organizaciones, clubes, asociaciones de índole educativa, deportiva, cultural, social, el tejido empresarial, medios de comunicación, etcétera”.