La Audiencia Nacional condena a siete años de prisión a los seis hijos de Ruiz-Mateos por la estafa de Nueva Rumasa
Los hijos del empresario y varios colaboradores captaron fondos de más de 4.100 personas entre 2009 y 2011 mediante campañas en prensa, ocultando la insolvencia de la compañía.
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de siete años y cuatro meses de cárcel a los seis hijos de José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, tras captar fondos de 4.110 personas para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. La sentencia, hecha pública este 30 de mayo, señala que los Ruiz-Mateos recurrieron a campañas agresivas en prensa nacional para ocultar la situación de insolvencia de las empresas y garantizar préstamos con pagarés corporativos.
El tribunal, integrado por la Sección Quinta de la Sala de lo Penal y con la magistrada Teresa García como ponente, ha impuesto además seis años y tres meses de prisión a José Ramón Romero, director de la oficina del grupo en Jerez de la Frontera, conocida como el ‘banquito de Jerez’. Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos y administrador de varias sociedades del conglomerado, ha recibido una condena de seis años y cinco meses de cárcel. Otros colaboradores como Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada han sido condenados a entre tres y cinco meses de prisión por delitos de alzamiento de bienes.
La sentencia de 672 páginas detalla que los Ruiz-Mateos y sus colaboradores deberán indemnizar conjuntamente a los afectados, además de asumir el pago de las costas judiciales, incluidas las de las acusaciones particulares. La Audiencia absuelve a otras cuatro personas que estaban acusadas.
Un entramado de sociedades en paraísos fiscales
El tribunal considera probado que el Grupo Nueva Rumasa operaba como un entramado opaco de sociedades, algunas radicadas en paraísos fiscales como Belice, Panamá y Holanda. Aunque carecían de una matriz común reconocida legalmente, funcionaban como una sola empresa en lo financiero y patrimonial, gestionada directamente por los hermanos Ruiz-Mateos junto a un círculo de colaboradores.
Según la Audiencia Nacional, la grave situación económica del grupo a comienzos de 2009, con deudas que superaban los 52 millones de euros, llevó a los acusados a iniciar una captación de fondos mediante “agresivas campañas en medios de comunicación de ámbito nacional”. Estas campañas ofrecían inversiones en sociedades productivas conocidas de Nueva Rumasa a cambio de pagar elevados intereses, mostrando una imagen de solvencia empresarial que era inexistente.
Ocultando una situación crítica
La Sala destaca que, para sostener las empresas y atender gastos personales y familiares, los acusados omitieron deliberadamente informar de la verdadera situación de insolvencia. Entre las deudas más urgentes figuraban 197,5 millones de euros en 2009 y otros 194,6 millones en 2010, sumas que no podían afrontar.
El mecanismo utilizado consistía en ofrecer a los inversores “pagarés de empresa” emitidos por sociedades del grupo. Estos pagarés no eran a la orden y estaban avalados por otras compañías del entramado, lo que generaba una apariencia de seguridad y confianza entre los pequeños inversores, la mayoría particulares atraídos por la reputación de las marcas más conocidas del grupo.
Más de 337 millones de euros captados
La sentencia cifra en al menos 4.110 el número de inversores engañados, con un total de fondos captados que asciende a 337.377.450 euros. Sin embargo, el auxilio judicial solo ha podido identificar en las cuentas del grupo una entrada de 243.476.514 euros procedentes de estos pagarés, correspondientes al periodo entre febrero de 2009 y febrero de 2011.
Los fondos iban a una caja común desde la que se redistribuían a las distintas sociedades según sus necesidades, y una parte se destinaba a la adquisición de vehículos e inmuebles a nombre de sociedades españolas controladas por otras en Belice.
Protegiendo su patrimonio
A partir de marzo de 2011, y ante la imposibilidad de devolver el dinero captado, los seis hermanos Ruiz-Mateos pusieron en marcha estrategias para salvaguardar su patrimonio personal. Para ello, contactaron con Ángel de Cabo, especialista en reflotar o liquidar empresas, quien les ayudó a ocultar bienes y mantener el control encubierto de las sociedades mientras se presentaban solicitudes de concurso voluntario para las principales empresas productivas del grupo.
Con esta condena, la Audiencia Nacional pone fin a un proceso judicial que ha sacado a la luz la magnitud de la estafa y la opacidad con la que operó el Grupo Nueva Rumasa en sus últimos años.
