La Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha reiniciado el juicio que comenzó en el mes de abril contra más de una docena de presuntos miembros de la organización criminal dedicada supuestamente al narcotráfico y conocida como el clan de Los Castañas. Había sido aplazado, tras la celebración de varias sesiones, por un problema en el volcado de las escuchas telefónicas aportadas en la causa, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Este juicio, tras varias sesiones en la que los presuntos líderes del clan se negaron a declarar, quedó aplazado en junio hasta el mes de octubre al producirse un problema en las escuchas telefónicas y tener que realizarse un nuevo volcado de estas escuchas telefónicas, así como su entrega a las partes defensoras y su correspondiente instrucción.
El juicio comenzó en abril, aunque fue interrumpido una primera vez nada más empezar al pedir las partes la suspensión por estar uno de los 17 acusados internado en un centro psiquiátrico. Finalmente, la juez decidió su reanudación para siete sesiones repartidas entre los meses de mayo y junio.
Fue ahí donde quedó nuevamente aplazado hasta este 3 de octubre después de un fallo técnico en el volcado de las escuchas telefónicas que las defensas no podían reproducir. A partir de ese momento, las defensas, en contra del criterio de la Fiscalía, alegaban que un nuevo volcado por parte del sistema del Ministerio de Interior sería como una nueva prueba que dado el tiempo en el que se encuentra el caso, en plena celebración del juicio, no podía ser admitida.
PETICIÓN DE 20 AÑOS DE CÁRCEL
Según la acusación de la Fiscalía, los dos hermanos A.T.C. y F.T.C., como presuntos dirigentes de la organización y para los que pide 20 años de prisión para cada uno, supuestamente se encargaban de buscar los proveedores marroquíes, a los cuales les adquirían la sustancia estupefaciente, además de organizar la distribución y el almacenamiento de la droga.
«Una vez que la droga toca tierra, usan para ello normalmente vehículos todoterreno, así como poseen los lugares para ocultar la sustancias en territorio español para su posterior distribución», sostiene la Fiscalía.
Asimismo, añade que dentro de la organización, «contarían con personas de su plena confianza y de su círculo más cercano para efectuar o cumplir las órdenes recibidas, efectuar las vigilancias, realizar los alijos, los desembarcos en la playa y trasladar las sustancias estupefacientes desde la playa a los lugares de guardería».
Como presuntos integrantes dentro de la organización, hay tres miembros del Cuerpo Nacional de Policía procesados –para los que se pide 11 años de prisión– que según la Fiscalía, estarían favoreciendo a la organización marcando la vía libre para poder introducir las sustancias en las costas españolas, marcando los servicios de los agentes de la autoridad, así como informando a la organización de controles y de la actividad de la Policía, con el fin de facilitar y dar cobertura para que el alijo se pudiera realizar.
De hecho, según la Fiscalía, los tres procesados, «como miembros de la Policía Judicial y desarrollando funciones en numerosas ocasiones de seguridad ciudadana como miembros de la Comisaría de la Línea de la Concepción, tenían en todo momento conocimiento de las posiciones de sus compañeros durante los servicios, encargándose de desviar la atención de los agentes a otros lugares o zonas cuando se iba a cometer un alijo».