Hay trabajadores, con larga experiencia, que están siendo despedidos y otros castigados con hasta 60 días sin empleo y sueldo, sin aportar pruebas objetivas
CSIF, como miembro del comité de empresa de la concesionaria de la limpieza y recogida de residuos urbanos de Cádiz (Valoriza), quiere denunciar públicamente que la empresa está amedrentando y castigando a la plantilla con el objetivo de ahorrar costes y beneficiarse económicamente. La “estrategia de la empresa se centra en abrir expedientes disciplinarios, todos graves o muy graves, sin aportar pruebas objetivas, incluyendo despidos y suspensiones de empleo y sueldo de hasta 60 días, suponiendo un gran ahorro a Valoriza, mientras sigue cobrando la misma cantidad de dinero público que aportan los contribuyentes”, apuntan desde la sección sindical.
Solo ha pasado casi un año y medio desde que Valoriza se hizo con la concesión definitiva, y ya ha abierto más de 40 expedientes disciplinarios “contra trabajadores de larga experiencia en el servicio y con historial laboral inmaculado”. Esta cifra de expedientes supone más del doble de lo que la anterior concesionaria (una UTE en la que Valoriza participaba con un alto porcentaje) aplicó durante los más de 16 años que mantuvo el contrato. Hay que recordar que dicha UTE (Unión temporal de empresas) finalizó el servicio tras varias prórrogas, involucrada en supuestos graves incumplimientos, con la intervención de ordenadores y sospechas de fraude económico, mientras el Ayuntamiento y los propios contribuyentes todavía esperan explicaciones.
CSIF denuncia que los castigos que se le imponen de manera arbitraria a operarios (algunos con más de 15 años de experiencia) provocan “una evidente indefensión, dado que se basan en inspecciones oculares sin testigos o fuera de horario, o con fotografías descontextualizadas sin fecha ni ubicación”. De hecho, varios de los operarios, asesorados por CSIF, y tras alegar frente a la empresa sin ser escuchados, se han visto obligados a recurrir a la vía judicial.
A todo esto, la sección sindical recuerda que la empresa, ahorrándose sueldos gracias a las sanciones impuestas, mantiene “un acuerdo millonario con dinero público sin implementar todos los servicios por los que fue contratada”: sustitución y mantenimiento de las papeleras, renovación del parque móvil y de la totalidad de los contenedores comunitarios, modernización de los contenedores intraurbanos, reforma de centros de trabajo, abuso de nuevas contrataciones con menor gasto… y todo ello “ninguneando al personal fijo a tiempo parcial”.
Así, CSIF exige a Valoriza que respete los derechos laborales de la plantilla y que abandone la arbitrariedad que aplica con las sanciones, absolutamente injustas y desproporcionadas. Y al mismo tiempo, reclama que preste los servicios al completo y cumpla con el contrato que paga la ciudadanía de Cádiz con sus impuestos.