La Corporación de la Diputación termina el año reclamando mejoras en los servicios públicos de la provincia

La sesión ha comenzado guardando un minuto de silencio por el fallecimiento de Manuel Tovar

La Corporación de la Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles el último Pleno del año. La sesión ha comenzado guardando un minuto de silencio como muestra de pesar por el reciente fallecimiento del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Grazalema y delegado de Alcaldía de Benamahoma, Manuel Tovar. En cuanto a los asuntos del día, destaca la unanimidad en la petición de “apoyo sin fisuras” a los agentes medioambientales de la provincia, tal y como ha reclamado el diputado Javier Pizarro en la defensa de esta propuesta del Grupo Socialista. La iniciativa ha llegado al Pleno a raíz de la agresión sufrida por dos agentes de Medioambiente en Benamahoma a finales de noviembre, pero también ha servido para pedir “más dignidad, medios técnicos y humanos” para este colectivo, instando “al Gobierno de la Junta de Andalucía a que elabore una Oferta de Empleo Público con un número de efectivos suficientes para cubrir las pérdidas sufridas en la plantilla”, así como “la dotación inmediata de materiales de comunicación y protección para ejercer su labor de forma digna y segura”.

En cuanto al resto de propuestas, resalta el acuerdo para solicitar a la Junta de Andalucía la realización de un estudio de viabilidad para la ampliación del trazado del Trambahía hasta Barbate. Ha sido a raíz de una propuesta del Grupo Andalucía Por Sí, defendida por su portavoz Miguel Molina, en la que ha puesto de manifiesto “el evidente progreso que supondrá para los municipios de Conil, Vejer y Barbate y la necesidad de dotación de infraestructuras que presenta la zona”. En este punto, el diputado popular Antonio Aragón ha propuesto una enmienda in voce para solicitar a la Junta un “estudio de movilidad”, aunque fue rechazada por el grupo proponente. La iniciativa ha salido adelante sin apenas debate, con la abstención del Grupo Popular y los votos a favor del resto de grupos políticos presentes en la Corporación.

También ha salido adelante por mayoría la propuesta del Grupo Izquierda Unida en la que se insta a la Junta de Andalucía a redefinir la planificación establecida en el sistema sanitario andaluz, de modo que se optimicen los recursos y se garantice la plena utilización del personal y los equipamientos del sistema público. Reducir las listas de espera y los tiempos de demora estimados, garantizar la continuidad de los 12.000 trabajadores y trabajadoras “que terminan el contrato en diciembre”, y “establecer incentivos profesionales para el personal médico que trabaja en exclusiva para el SAS” son otros de los objetivos de esta iniciativa defendida por Carmen Álvarez. Desde el Grupo Popular, Juan José Ortiz ha defendido la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía. Asegura que hay más presupuesto, “más profesionales, mejores condiciones laborales y más infraestructuras”. Sin embargo, para la portavoz del Grupo Socialista, Ana Carrera, “la realidad es que en los últimos cuatro años la Junta ha tenido en un abandono absoluto a los servicios públicos”.

En otro orden de asuntos, la Corporación ha aprobado por unanimidad el Plan Provincial del Área de Desarrollo de la Ciudadanía, en el que se recogen las diferentes acciones a llevar a cabo el próximo ejercicio en los ámbitos de bienestar social, deportes, cultura y publicaciones, a través de los diferentes Servicios adscritos al Área. Se trata de un plan que da un paso más hacia la consolidación y rentabilización de las prestaciones que se ofrecen en los municipios, con especial incidencia en los que tienen menos de 20.000 habitantes y entidades locales autónomas, y que apuesta por el bienestar y la cobertura de las necesidades sociales de las familias gaditanas más desfavorecidas, así como las distintas actuaciones que la sociedad actual demanda, ha defendido el diputado responsable Jaime Armario

Además, entre otros asuntos, se ha aprobado la puesta en marcha de la línea de gasto del proyecto Guadalinfo. Implica la ampliación de los convenios, la dotación de presupuesto con 198.000 euros para ayuntamientos y 69.000 para entidades locales autónomas así como la autorización para la firma de los respectivos convenios que posibilitan su desarrollo, ha explicado el responsable del Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación, Víctor Mora.

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