La Costa Noroeste se moviliza en Sevilla contra los vertidos mineros en el Guadalquivir
Los municipios de la Costa Noroeste de Cádiz han protagonizado este jueves 10 de abril una concentración en Sevilla para exigir el cese de los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir, un enclave estratégico tanto por su valor ambiental como por su importancia económica para la región. La protesta tuvo lugar frente a la sede de la Junta de Andalucía, en el Palacio de San Telmo, y reunió a representantes institucionales, colectivos sociales y sectores productivos de toda la comarca.
Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, Trebujena y Lebrija, entre otros municipios ribereños, se han unido en esta acción conjunta para denunciar lo que consideran una grave amenaza ambiental derivada de la actividad de la mina de cobre Las Cruces, situada en Gerena (Sevilla). Según los convocantes, las operaciones mineras estarían generando vertidos contaminantes que afectan a la calidad del agua y ponen en peligro la biodiversidad del estuario.
La manifestación ha contado con una amplia participación de asociaciones de agricultores, pescadores, mariscadores, acuicultores y empresarios, quienes advierten de las consecuencias sociales y económicas que podría acarrear la contaminación del Guadalquivir. Señalan que miles de empleos y medios de vida dependen directamente de este ecosistema.
Nicolás Fernández, portavoz de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, expresó su preocupación por la situación: “Tenemos un producto extraordinario, si no se pone remedio, esa riqueza puede verse afectada”. En su intervención, Fernández vinculó esta problemática con la estrategia europea para reactivar la faja pirítica andaluza por razones de autonomía estratégica, pero alertó sobre sus posibles efectos negativos: “La guerra de Ucrania fue clave en toda esta historia, pero eso no quiere decir que jodamos nuestra tierra ni nuestro futuro”.
Los manifestantes reclamaron una investigación rigurosa por parte de la Junta de Andalucía, así como la revisión de las autorizaciones mineras y un refuerzo de los controles medioambientales. También denunciaron la disparidad entre los informes de impacto ambiental presentados por las empresas –que minimizan los riesgos– y los indicios sobre el terreno, que alertan de daños en el ecosistema.
Con esta protesta, los pueblos de la Costa Noroeste y del Bajo Guadalquivir hacen un llamamiento a la responsabilidad institucional para preservar la salud del río y proteger a las comunidades que dependen de él. La defensa del Guadalquivir, concluyen, es también una defensa del futuro económico y ambiental de Andalucía.
