Todas las jurisdicciones han sufrido fuertes disminuciones interanuales en el ingreso y resolución de asuntos e incrementos en el número de asuntos en trámite al final del trimestre. La más afectada, con un descenso del 60,2 por ciento, ha sido la de lo Contencioso-Administrativo
La actividad de los órganos judiciales entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados se ha visto claramente afectada por la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y ha disminuido en Andalucía un 33,5 por ciento. Los datos, recogidos en el “Informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales” en el segundo trimestre de 2020, han sido difundidos hoy por el Consejo General del Poder Judicial.
La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales.
Los tres meses con mayor incidencia
El trimestre analizado en este informe corresponde al más afectado hasta ahora por la situación sanitaria y la declaración del estado de alarma. Durante este periodo, tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales de la comunidad autónoma andaluza 216.397 asuntos, una cifra que supone una disminución del 33,5 por ciento respecto a igual trimestre del año anterior.
En el mismo trimestre, los tribunales de la región resolvieron un total de 178.648 asuntos, un 45,2 por ciento menos que un año antes; por su parte, los asuntos que quedaron en trámite al final del trimestre sumaron 652.686, cifra que representa un incremento interanual del 12 por ciento.
En la jurisdicción Civil ingresaron 78.438 asuntos, un 26,3 por ciento menos respecto a los ingresados en el mismo trimestre del año anterior. Se resolvieron 53.279 asuntos, un 51,9 por ciento menos, y quedaron en trámite 345.785, un 8,9 por ciento más que al final del segundo trimestre de 2019.
En la jurisdicción Penal tuvieron entrada 117.621 asuntos, dato que supone una disminución interanual del 34,3 por ciento; se resolvieron 107.480 asuntos (un 40,6 por ciento menos) y quedaron en trámite 162.592 asuntos (un 16,3 por ciento más que en el mismo trimestre de 2019).
La jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, la más afectada
En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se registraron 8.319 nuevos asuntos, con una disminución interanual del 60,2 por ciento, la más elevada de todas las jurisdicciones. Se resolvieron 9.583 asuntos, lo que supone un 46,8 por ciento menos que el año anterior, y quedaron en trámite 59.532 asuntos, un 10,3 por ciento más.
La jurisdicción Social ingresó 12.019 asuntos, un 36,6 menos que en el mismo trimestre de 2019. Se resolvieron 8.306 asuntos, un 50,1 por ciento menos, y quedaron en trámite 84.777 asuntos, un 18,9 por ciento más.
Canarias, Murcia y Andalucía, los territorios con mayor litigiosidad
La declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la crisis sanitaria también tiene su reflejo en los datos referidos a la litigiosidad. La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 22,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, 11,3 puntos más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2019.
Por territorios, las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Illes Balears y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), Comunidad Valenciana (22,6) y Asturias (22,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (14,3), y País Vasco (16,2) y Extremadura (17,2) (*).