La ‘Declaración de Cádiz’ reclama evaluar las políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad
El XXXVI Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, celebrado en la Universidad de Cádiz, aprueba la ‘Declaración de Cádiz’ con propuestas para reforzar la inclusión laboral de personas con discapacidad y revisar el modelo de protección social.
El XXXVI Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS), celebrado esta semana en la Universidad de Cádiz, ha concluido con la aprobación de la denominada ‘Declaración de Cádiz’, un documento que plantea reforzar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y revisar la eficacia de las políticas públicas en esta materia.
El encuentro, desarrollado durante dos jornadas en la Facultad de Filosofía y Letras, ha reunido a especialistas, investigadores y profesionales del ámbito jurídico y laboral para analizar los retos actuales relacionados con discapacidad, empleo y protección social. La clausura tuvo lugar este viernes y contó con la participación del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez; la decana de la Facultad de Derecho de la UCA, Isabel Villar; y la presidenta de la AEDTSS, María Emilia Casas.
El principal mensaje recogido en la ‘Declaración de Cádiz’ es que, pese a los avances normativos de los últimos años, persiste una distancia entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación efectiva. Los participantes consideran que muchas medidas no se traducen en una inclusión real en el mercado laboral ordinario y plantean la necesidad de revisar su funcionamiento con un enfoque centrado en resultados.
Entre las propuestas figura la evaluación más rigurosa de las políticas públicas dirigidas al acceso al empleo de las personas con discapacidad. El documento señala que algunas iniciativas llevan años en funcionamiento sin que se haya medido con suficiente precisión su impacto, por lo que propone priorizar herramientas que permitan comprobar resultados concretos de integración laboral.
La declaración también apunta a la revisión de instrumentos como la cuota de reserva de empleo, los incentivos a la contratación y el papel de los Centros Especiales de Empleo. Según las conclusiones del congreso, es necesario evitar modelos que puedan derivar en entornos laborales separados y reforzar medidas orientadas al empleo ordinario, como el empleo con apoyo o la adaptación individualizada de los puestos de trabajo.
Otro de los ejes abordados ha sido la transformación de las condiciones laborales por efecto de la digitalización y las nuevas formas de organización del trabajo. Los especialistas han advertido de que estos cambios plantean desafíos en materia de accesibilidad, formación continua y adecuación de los entornos laborales, especialmente para trabajadores con discapacidad.
En el ámbito de la protección social, la ‘Declaración de Cádiz’ plantea estudiar una reforma integral del modelo de incapacidad permanente. El enfoque propuesto prioriza las capacidades y posibilidades de adaptación de la persona trabajadora frente a una visión centrada exclusivamente en las limitaciones. Asimismo, se sugiere avanzar hacia fórmulas que permitan una mayor compatibilidad entre empleo y prestaciones, con el objetivo de facilitar la inclusión sin reducir la cobertura social.
El documento concluye con la defensa de un modelo alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que el empleo ordinario se configure como uno de los principales instrumentos de inclusión social.
El congreso, organizado por la AEDTSS en colaboración con el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cádiz, comenzó el jueves con un programa centrado en la discriminación, las políticas de empleo, las condiciones laborales y las prestaciones de la Seguridad Social. A lo largo de las sesiones se desarrollaron ponencias plenarias, talleres y comunicaciones científicas, además de espacios de debate entre representantes de universidades e instituciones de distintos puntos del país.
Con la aprobación de la ‘Declaración de Cádiz’, el congreso cierra sus trabajos trasladando a las administraciones y al ámbito académico un conjunto de propuestas que, según los organizadores, buscan acercar la legislación laboral y de Seguridad Social a las necesidades reales de las personas trabajadoras con discapacidad.
