La Defensoría del Pueblo Andaluz respalda a Podemos Cádiz en la denuncia por desahucios a familias con menores sin alternativa habitacional
La institución confirma la gravedad de la crisis de vivienda en Cádiz y mantiene investigaciones por la falta de vivienda pública y ayudas eficaces, mientras Podemos exige al Ayuntamiento detener los desalojos
La Defensoría del Pueblo Andaluz ha respaldado la denuncia formulada por Podemos Cádiz sobre la ejecución de desahucios a familias vulnerables con menores a cargo en la ciudad, donde el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal PROCASA, estaría procediendo sin garantizar alternativas habitacionales dignas. Esta situación fue denunciada formalmente en junio ante la Defensoría de Menores, que ahora confirma la existencia de una emergencia habitacional prolongada y una carencia grave de políticas públicas efectivas.
Podemos Cádiz alertó sobre varios casos recientes de desalojos ordenados sin asegurar un recurso estable para las familias afectadas. La Defensoría señala que la precariedad residencial se ha cronificado, afectando especialmente a hogares con menores, debido a la falta de un parque público de viviendas suficiente, el mal estado de las existentes y retrasos en la concesión de ayudas al alquiler.
El portavoz de Podemos Cádiz, Juanjo Ariza, ha declarado que esta respuesta oficial corrobora las denuncias sobre la vulneración de derechos fundamentales en Cádiz, criticando la pasividad del Ayuntamiento y de PROCASA. “No solo se desahucia a familias vulnerables sin alternativa, sino que se les criminaliza mientras las instituciones miran hacia otro lado”, ha añadido.
Desde la Defensoría se reconoce que las investigaciones abiertas afectan directamente a PROCASA por su gestión deficiente y falta de coordinación con los servicios sociales municipales. Además, la institución invita a las personas afectadas a presentar quejas para garantizar el derecho a una vivienda digna, con especial atención a la protección de la infancia.
Podemos Cádiz reclama al Ayuntamiento de Cádiz la paralización inmediata de todos los desahucios a familias con menores y la puesta en marcha de un plan real y coordinado de vivienda social que contemple una protección efectiva para estas familias.
La formación política también ofrece acompañamiento jurídico y social a las familias afectadas, insistiendo en que la vivienda debe ser considerada un derecho y no un privilegio, especialmente para la infancia en riesgo de exclusión residencial.
La Defensoría del Pueblo Andaluz continuará investigando y emitirá recomendaciones legales para mejorar la protección habitacional en la ciudad y evitar que se repitan estas situaciones.
