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La Diputación renueva el convenio para seguir gestionando la Junta Arbitral de Consumo cuatro años más

Por Europa Press Ago 12, 2021 #consumo #diputación
El diputado de Desarrollo Social de la Diputación de Cádiz, Daniel Moreno. – DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el contenido del convenio suscrito por el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz para regular las condiciones de funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo, que gestiona la entidad provincial a través de la delegación de Desarrollo Social desde hace más de veinte años y ahora, con la publicación oficial del acuerdo a tres partes, se prorroga su prestación durante cuatro años, ampliables a ocho, conforme a las estipulaciones establecidas en el mismo.

Según ha informado la Diputación en una nota, el diputado de Desarrollo Social de la Diputación de Cádiz, Daniel Moreno, ha calificado a la Junta Arbitral de Consumo como un servicio «rápido y eficaz» y se ha felicitado por su continuidad y su utilidad, ya que «muchos ciudadanos de la provincia hacen uso de una vía extrajudicial que les ayuda mucho en los temas de consumo».

El diputado ha explicado que fue en marzo cuando surgió la necesidad de redactar un nuevo convenio actualizado y adaptado al vigente marco legal, y que ya en el mes de abril se planteó el texto, que fue aprobado por el Pleno de la Diputación, en el que se recoge la necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de resolución de conflictos y dar continuidad a esta vía «teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su constitución».

El convenio estipula que la Diputación impulse «la gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta Arbitral», y que el Ministerio de Consumo establezca en colaboración con la Diputación «un sistema de información recíproco para el buen funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería de Salud y Familias».

Por último, las tres instituciones firmantes «se comprometen a difundir el Sistema Arbitral de Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y agentes económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de adhesión».

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