La Diputación de Cádiz se ha integrado en el Sistema Sistema Nacional de Intercambio de Registros (SIR) ha informado la diputada la diputada de Sociedad de la Información, Elena Amaya. El sistema elimina el tránsito de papel entre administraciones y permite aumentar la eficiencia del funcionamiento administrativo, tanto en las oficinas de registro físicas, como de los documentos presentados en las sedes electrónicas.
“Supone un hito en el proceso de transformación digital de la actividad administrativa, que permite el intercambio de registros y documentos digitalizados con todos los niveles de la administración de manera instantánea”, ha indicado la diputada. “El sistema genera copias auténticas digitales de la documentación presentada en las oficinas de registro de las entidades locales de la provincia”.
La integración se ha hecho a través de la certificación de la instalación de la aplicación de registro que la Diputación utiliza y ofrece a los ayuntamientos y entidades de la provincia a las que presta sus servicios a través de EPICSA (Empresa Provincial de Información de Cádiz). La Diputación se convierte en la quinta Diputación española que certifica una aplicación en esta plataforma, ha señalado la diputada, quien también ha informado de que actualmente son 34 las entidades de la provincia que han intercambiado entre ellas documentos tras la integración en el SIR.
Elena Amaya ha resaltado los beneficios del sistema para la ciudadanía al permitir la mejora en los tiempos de respuesta de las administraciones, así como de la información al público y en las relaciones entre las mismas y los ciudadanos y ciudadanas, tanto si se personan físicamente en una oficina, como si presentan el documento a través de Internet. Para las entidades locales de la provincia supone un importante ahorro de tiempo y recursos.
El SIR permite intercambiar asientos registrales digitalmente con cualquier administración pública que se encuentre también integrada en SIR, eliminando por tanto la necesidad de enviar la información en soporte papel, y cumpliendo una de las obligaciones de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Diputación lleva a cabo una política de adaptación tecnológica al nuevo marco normativo de procedimiento administrativo y de régimen jurídico de transparencia, así como a los cambios producidos por la nueva ley de contratos del sector público a los ayuntamientos y entidades a los que da servicio, al igual que en la propia Corporación Provincial y sus organismos dependientes, ha informado la diputada.