La sección sindical lamenta que la mala gestión del Gobierno municipal, además de poner en riesgo la seguridad de las personas, pueda acarrear una sanción de casi un millón de euros
La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de San Fernando ha recibido notificación por parte de la Delegación territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente de la Junta en Cádiz por la cual informa de la apertura de un procedimiento sancionador contra este ayuntamiento por la presunta infracción en materia de residuos, que denunció este sindicato hace unos meses por la situación de abandono y acumulación de vehículos en el depósito municipal.
En este procedimiento, que podría acarrear una sanción de 900.509 euros, se le exige al Ayuntamiento de San Fernando adoptar unas medidas cautelares que persiguen garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente. Así, el Consistorio deberá retirar “lo antes posible todos los vehículos abandonados y depositados en este estacionamiento”, así como entregarlos al Centro Autorizado de Tratamiento (desguace) y remitir la documentación que certifique dicha entrega. Y por otro lado, el Ayuntamiento está obligado a limpiar y desinfectar la zona y, posteriormente, remitir un reportaje fotográfico que demuestre que se ha devuelto el estacionamiento a su “primitivo estado”.
CSIF, que alertó en el mes de octubre del año pasado del peligro que suponía la acumulación indebida de vehículos en el depósito, la falta de descontaminación de los mismos y el peligro que suponía para las personas que trabajan en el entorno (hay dos centros educativos y una residencia de mayores), considera lamentable que el Gobierno local no haya sido capaz contratar a tiempo, por vía urgente, el servicio de retirada y tratamiento de vehículos como residuos sólidos, pues el anterior había vencido en 2020.
Del mismo modo, la sección sindical lamenta que la desidia del Ayuntamiento pueda conllevar una multa de casi un millón de euros, que tendrían que hacer frente todos los ciudadanos de San Fernando.
Por último, CSIF espera que el Gobierno local depure responsabilidades y acate lo antes posible los requerimientos de la Junta de Andalucía y deje de poner en riesgo la salud y la integridad de las personas y del medio ambiente.