Inicio / Andalucía y más allá / La Junta alerta de que el decreto estatal sobre centros de datos en Andalucía frenaría 20 proyectos

La Junta alerta de que el decreto estatal sobre centros de datos en Andalucía frenaría 20 proyectos

Redacción 17 septiembre, 2026 4 minutos de lectura

El Gobierno andaluz cifra en unos 10.000 millones de euros la inversión vinculada a los centros de datos en Andalucía que están en tramitación y pide revisar la norma.

La Junta de Andalucía sostiene que el proyecto de real decreto del Gobierno de España para regular los centros de proceso de datos podría paralizar los 20 proyectos de este tipo que se tramitan actualmente en la comunidad, asociados a una inversión de alrededor de 10.000 millones de euros. El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha reclamado al Ejecutivo central que revise el contenido de la norma.

Nieto expuso esta posición durante una intervención en el pleno del Parlamento andaluz, donde aseguró que las condiciones previstas en el proyecto harían inviables las iniciativas en marcha. La advertencia se refiere a los centros de datos en Andalucía, unas infraestructuras que el Gobierno autonómico considera necesarias para desarrollar tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Según el consejero, la regulación pretende tramitarse por la vía de urgencia y sin suficiente diálogo con las comunidades autónomas y las empresas del sector. Nieto afirmó que las exigencias incluidas en el texto no podrían ser asumidas ni garantizadas con la tecnología disponible, aunque centró su intervención en las posibles consecuencias para los proyectos andaluces.

“Están liquidados en este momento, muertos absolutamente si se aprueba ese decreto”, afirmó en referencia a las 20 iniciativas en tramitación. La cifra económica ofrecida por la Junta sitúa la inversión conjunta en torno a los 10.000 millones de euros.

El responsable autonómico en materia de desarrollo digital vinculó estos proyectos con la denominada soberanía digital, entendida como la capacidad de disponer de infraestructuras propias para almacenar y procesar datos. A su juicio, la aplicación de la norma en los términos planteados reduciría las posibilidades de Andalucía y de otras comunidades de alojar sus datos dentro de España.

Los centros de proceso de datos albergan los sistemas informáticos utilizados para almacenar y procesar información. Nieto los definió como infraestructuras esenciales para el despliegue de la inteligencia artificial y para futuros desarrollos digitales, entre ellos los relacionados con la computación cuántica.

La Junta también relaciona la implantación de estos centros con la disponibilidad de energía renovable. El consejero defendió que Andalucía cuenta con capacidad de generación suficiente para atender nuevos proyectos tecnológicos de elevado consumo energético y consideró que este potencial debería utilizarse para favorecer su instalación en la comunidad.

Durante su intervención, Nieto comparó el papel de Andalucía en la producción renovable con el de Arabia Saudí en los combustibles fósiles. La comparación formó parte de su defensa de la capacidad energética de la comunidad para competir por inversiones tecnológicas.

El consejero situó el principal obstáculo energético en las redes de transporte y acusó al Gobierno central de no invertir lo necesario en el desarrollo de conexiones. Según su planteamiento, la generación de energía y las infraestructuras para trasladarla deben abordarse conjuntamente con la planificación de nuevos centros de datos.

Nieto argumentó que la regulación estatal podría afectar tanto a la construcción de nuevas instalaciones como a la capacidad de Andalucía para disponer de recursos tecnológicos propios. Por este motivo, solicitó que el proyecto de real decreto tenga en cuenta las características energéticas y las necesidades de desarrollo digital de la comunidad.

La posición expresada en el Parlamento forma parte de la petición de la Junta para modificar el texto antes de su aprobación. El Gobierno andaluz plantea que la regulación permita aprovechar la producción renovable y que se acompañe de inversiones en redes capaces de suministrar energía a las nuevas infraestructuras digitales.