El Gobierno de Andalucía aprueba una modificación para bonificar a las rentas más bajas y a personas con discapacidad igual o superior al 33%
El Consejo de Gobierno ha aprobado una disposición final al Decreto ley de creación del bono turístico andaluz, del pasado 29 de septiembre, con el objetivo de darle mayor alcance social, al ampliar el número de posibles beneficiarios.
Para ello, se aumenta la subvención del bono hasta el 50% de la factura del servicio turístico de alojamiento en los casos de personas que por su nivel de renta no hayan tenido obligación de declarar en el ejercicio fiscal del año 2019 o que acrediten, en el caso de los andaluces con residencia fiscal en el extranjero, ingresos inferiores a los 22.000 euros.
También se beneficiarán del 50% de bonificación aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o resolución de reconocimiento de incapacidad en situaciones equiparables (en el caso de incapacidad temporal asimilada a la incapacidad permanente del 33%). En ambos casos el límite máximo de subvención será de 300 euros.
Además, la modificación refuerza la universalidad de la medida, de modo que las personas con menos recursos puedan también beneficiarse de este bono en una mayor proporción. Asimismo, reafirma el objetivo de la accesibilidad en cualquier acción turística en Andalucía, con especial atención al colectivo de personas con alguna discapacidad.
Mantenimiento del empleo
El Gobierno andaluz tiene el firme compromiso de mantener negocios y puestos de trabajo del sector turístico ante las graves consecuencias que la pandemia del Covid-19 ha provocado. Ello hace imprescindible articular estrategias y mecanismos para el impulso de la actividad del sector como el bono turístico.
Este mecanismo se perfila no sólo como un instrumento ágil y eficaz en la reducción de los costes derivados de las pernoctaciones, sino que conlleva, además, un incentivo al consumo y a la realización de un mayor número de viajes de los andaluces dentro de la comunidad, y, por tanto, supone un impulso a la reactivación económica del sector, cuya situación recomienda acudir a la legislación de urgencia y a este decreto ley.