La Junta de Andalucía ha anulado un total de 155 viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad de Cádiz, muchas de ellas del centro, al incumplir la normativa municipal vigente desde 2022 y está estudiando los expedientes de otros 122 pisos turísticos, como ha confirmado la administración andaluza.
Cabe recordar que estas viviendas son las que fueron denunciadas por el Gobierno local que encabeza Bruno García (PP) a finales de 2023. Desde el Ayuntamiento se trasladó a la Junta 277 expedientes relativos a estas viviendas, solicitándoles que se las diera de baja al incumplir la normativa para evitar «la excesiva turistificación de la ciudad» publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en octubre de 2022.
El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en la provincia de Cádiz, Jorge Vázquez, se ha pronunciado en esta misma línea asegurando que una vez que este tipo de viviendas se dan de alta en el registro andaluz, son los ayuntamientos los que transmiten a la Junta aquellas que puedan incumplir las ordenanzas locales.
Así, Cádiz pidió la revisión de 277 VFT, de las cuales 155 han sido canceladas «porque no ha habido ningún tipo de alegación por parte de los gestores o propietarios de las mismas», mientras que en las otras 122 restantes se ha presentado alegaciones y se está «en proceso de resolver cada una de ellas», como ha señalado Jorge Vázquez.
Al respecto de este centenar que están en estudio, Vázquez ha explicado que si el alta de las mismas es posterior a la modificación urbanística por parte del Ayuntamiento, «no hay sustento legal» para su mantenimiento, por lo que cree que «gran parte se tendrán que cancelar». No obstante, ha dejado claro que el equipo técnico y legal de la Consejería está estudiando «cada uno de estos casos» de manera «concienzuda y vehemente» para ver «si tienen algún resquicios para poder salvar su licencia».
El delegado territorial ha defendido que desde la Junta se realiza «una búsqueda constante y permanente por la excelencia de los clientes que nos visitan y de los productos que ofrecemos» y que para ello se ha aprobado recientemente el decreto relativo a viviendas turísticas, donde se incluyen una serie de «estándares de calidad» que antes no venían recogidos y que son «obligatorios» para todas las viviendas que estén dadas de alta en el sistema.
Ahora, los propietarios que tienen dados de alta alguna de estas viviendas disponen de un año de carencia para adecuarse al marco normativo, que también ayuda a los ayuntamiento a que la conjunción de vecindad-turismo sea «lo más sostenible y lo más respetuoso para las ciudades».
A principios de año, en una rueda de prensa, el alcalde de Cádiz y el delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, explicaron que desde su Gobierno se habían analizado las 400 VFT que se habían inscrito a lo largo del año 2023 y que contaban con la aprobación de la Junta de Andalucía, encontrando que 280 de ellas «estaban fuera del ordenamiento».
Es por eso que se notificó a la Junta el hecho para que esta administración retirase la autorización «por incumplimiento urbanístico». Una vez completado ese paso, se daba aviso a los propietarios de las VFT para que pudieran realizar alegaciones al proceso y tras un plazo, si no las había, se les retiraba la autorización, como ha ocurrido en este caso.