La Junta de Andalucía ampliará la retribución a los abogados de oficio por mediaciones obligatorias aunque no haya acuerdo
La Junta de Andalucía ha anunciado la ampliación de la compensación económica a los abogados de oficio por su participación en procesos de mediación obligatorios, incluso cuando no se logre un acuerdo entre las partes. Esta medida se aplicará con efectos retroactivos desde el 3 de abril de 2025, fecha en la que entró en vigor la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que obliga a intentar una solución alternativa a los conflictos en los ámbitos civil y mercantil antes de acudir a los tribunales.
La decisión, impulsada por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, supondrá la modificación de la Orden reguladora del sistema de Justicia Gratuita, vigente desde 2024, que ya contemplaba el pago de hasta 400 euros por cada mediación resuelta con acuerdo. Andalucía fue la primera comunidad autónoma en incluir la mediación en el sistema de asistencia jurídica gratuita, permitiendo desde enero del año pasado que los ciudadanos con derecho a abogado o procurador de oficio pudieran solicitar también representación para procesos de mediación.
En su primer año de aplicación, los abogados andaluces certificaron 181 acuerdos de mediación, por los que la Junta abonó 72.400 euros. Con la nueva modificación, se reconocerá también el trabajo de asesoramiento jurídico en mediaciones que, aunque obligatorias, no terminen con un pacto entre las partes.
El borrador de esta modificación está actualmente en exposición pública hasta el 25 de abril, con el objetivo de recibir sugerencias y aportaciones.
Además, la Junta trabaja en la puesta en marcha del Servicio de Mediación Civil y Mercantil de Andalucía (SEMCA), un recurso público con sede en las ocho provincias andaluzas. Este servicio será gratuito cuando alguna de las partes cumpla los requisitos para acceder a la Justicia Gratuita. Mientras se completa su implantación, los ciudadanos pueden acudir a los Puntos de Información a la Mediación en Andalucía (PIMA), ubicados en las principales sedes judiciales y en municipios como Marbella y Algeciras, donde reciben orientación y documentación necesaria para acreditar haber intentado la mediación, requisito obligatorio según la nueva legislación.
Estas medidas forman parte de una Estrategia de Mediación desarrollada por la Junta para fomentar vías alternativas de resolución de conflictos, reducir la carga de los juzgados y promover acuerdos que ahorren tiempo y costes a la ciudadanía. Entre sus iniciativas más destacadas figura la creación del Servicio de Mediación Penal de Andalucía (SEMPA), que desde 2024 ha evitado casi 1.200 juicios penales y ha resuelto la mayoría de los casos en un plazo medio de 30 días.
Asimismo, se ha suscrito un convenio con el Consejo Andaluz de Graduados Sociales para que estos profesionales actúen como mediadores voluntarios en conflictos laborales ya judicializados, ofreciendo una segunda oportunidad de acuerdo cuando las negociaciones previas no han prosperado.
Con estas iniciativas, Andalucía refuerza su posición como comunidad pionera en la promoción de la mediación como instrumento clave en el sistema de justicia.
