La Junta de Andalucía cancela casi 10.600 Viviendas de Uso Turístico y refuerza su control

El consejero Arturo Bernal anuncia mejoras en el Registro de Turismo y la colaboración con municipios para garantizar la legalidad y seguridad de los alojamientos turísticos.

La Junta de Andalucía ha cancelado casi 10.600 Viviendas de Uso Turístico (VUT) desde febrero de 2024, en el marco de una estrategia de regulación y control que busca garantizar la legalidad y calidad del alojamiento turístico en la comunidad. Así lo ha informado hoy el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, durante su comparecencia en comisión parlamentaria.

Las cancelaciones se enmarcan en un refuerzo de la política de inspección turística, que incluye mayor control sobre las VUT, colaboración institucional y la participación de un grupo especializado de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que trabajará en terreno junto a inspectores para detectar actividades ilegales. “Las cancelaciones son la garantía de que quien no cumple no puede operar”, ha subrayado Bernal, destacando que el objetivo es que el alojamiento turístico cumpla las mismas normas que hoteles, hostales o apartamentos reglados.

En paralelo, la Junta ha firmado convenios de colaboración con ocho municipios (Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande y El Puerto de Santa María) y otros 23 se encuentran en tramitación. Estos acuerdos permitirán compartir información, coordinar actuaciones y reforzar la eficacia de las medidas tanto a nivel municipal como autonómico.

Una de las principales novedades anunciadas es la mejora del sistema informático del Registro de Turismo de Andalucía, que ahora emite avisos preventivos cuando un ciudadano intenta registrar una VUT en zonas con limitaciones urbanísticas. Municipios como Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Chiclana o El Puerto de Santa María ya cuentan con advertencias automáticas sobre las consecuencias legales y la apertura inmediata de expediente de cancelación, lo que reduce la burocracia y aporta mayor seguridad jurídica.

Bernal aprovechó su intervención para responder al Gobierno de España, desligando las VUT del problema de vivienda en el país. Según el consejero, la principal responsabilidad recae en la legislación estatal, que desprotege a los propietarios y limita la oferta de alquiler habitual. “Ni el turismo ni las VUT son el problema. La clave está en una mala legislación estatal”, afirmó, señalando que solo la Junta de Andalucía tiene competencias para cancelar licencias y regular el sector.

El consejero también recalcó que, mientras la Junta ha ejecutado más de 10.500 cancelaciones, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha llevado a cabo ninguna, y recordó que el Registro Único estatal sobre el que se basa el anuncio de Sánchez cuenta con informes críticos del Consejo de Estado y un expediente de la Unión Europea por invasión de competencias.

Con estas medidas, la Junta de Andalucía busca asegurar que los turistas encuentren alojamientos legales y seguros, reforzar la colaboración con los municipios y mejorar el control de la oferta turística, garantizando un sector más regulado y competitivo en igualdad de condiciones con otros tipos de alojamiento.