La Junta estudia recurrir el decreto estatal sobre centros de datos
El Gobierno andaluz sostiene que el decreto estatal sobre centros de datos dificulta el desarrollo de infraestructuras digitales y reclama compatibilizar las exigencias ambientales con la expansión tecnológica.

La Junta de Andalucía estudia recurrir el decreto estatal sobre centros de datos aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros. El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, considera que la regulación mantiene obstáculos para implantar estas infraestructuras y perjudica la capacidad tecnológica de Andalucía y del conjunto de España.
El Gobierno andaluz ya había pedido cambios durante la tramitación del borrador. Según Nieto, el texto definitivo incorpora algunas modificaciones, pero no corrige los aspectos que la Junta considera perjudiciales para el sector tecnológico, el desarrollo económico y la denominada soberanía digital.
La posible impugnación del real decreto se sustenta en la valoración de que sus requisitos pueden frenar la construcción y el funcionamiento de centros de datos. El consejero sostiene que estas instalaciones son necesarias para disponer de capacidad propia de almacenamiento y procesamiento, así como para el desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías.
Nieto atribuyó al Ejecutivo central una falta de sensibilidad ante la necesidad de contar con centros de datos suficientes. A su juicio, la norma deja un marco regulatorio que dificulta el crecimiento de una actividad que la Junta considera estratégica para la modernización económica y la transformación tecnológica.
El consejero defendió que la disponibilidad de estas infraestructuras condiciona el ritmo al que pueden avanzar la inteligencia artificial y la innovación. También argumentó que una capacidad insuficiente limita las posibilidades de que Andalucía participe con recursos propios en una industria tecnológica considerada esencial por el Gobierno autonómico.
La Junta vincula sus objeciones principalmente con las condiciones medioambientales y energéticas aplicables a los centros de datos. Nieto aseguró que es posible compatibilizar la protección del medio ambiente y la eficiencia energética con la ampliación de las infraestructuras digitales, sin que estos requisitos se conviertan, según su valoración, en una barrera para nuevas instalaciones.
El responsable autonómico reclamó una regulación ajustada a las necesidades de la industria y que permita competir “en igualdad de condiciones”. La posición de la Junta es que las medidas ambientales deben mantenerse, pero aplicarse de forma que no impidan incrementar la capacidad tecnológica disponible en Andalucía y España.
Nieto afirmó que el decreto afecta a las oportunidades de crecimiento del sector y a la autonomía para gestionar recursos digitales. La Junta encuadra en ese planteamiento su defensa de una mayor capacidad propia en materia de datos, inteligencia artificial e innovación.
El recurso es, por ahora, una posibilidad anunciada por el consejero dentro de la respuesta de la Administración andaluza a la aprobación definitiva del real decreto. Nieto presentó esta eventual actuación como una vía para defender los intereses del sector tecnológico y evitar que la regulación limite la implantación de las infraestructuras que el Gobierno autonómico considera necesarias.


