La Junta pedirá una evaluación de los juzgados afectados por el narcotráfico

El análisis de los juzgados afectados por el narcotráfico servirá para determinar sus cargas de trabajo y adecuar el personal y los medios materiales de competencia autonómica.

La Junta de Andalucía solicitará una evaluación específica de las cargas de trabajo de los juzgados afectados por el narcotráfico para determinar sus necesidades de personal y recursos. La Administración autonómica analizará después los refuerzos que puede aplicar dentro de sus competencias en los órganos judiciales con mayor presión.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, anunció esta iniciativa durante una comparecencia en comisión en el Parlamento de Andalucía. La petición se dirigirá al Ministerio competente, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El objetivo es disponer de un diagnóstico concreto sobre la situación de los órganos judiciales ubicados en las zonas andaluzas más afectadas por la actividad del narcotráfico. A partir de esa evaluación, la Consejería revisará la dotación de funcionarios y los medios materiales cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma para ajustarlos a las necesidades detectadas.

Gavira vinculó la medida con un informe de la Fiscalía conocido recientemente, que, según expuso en la comisión parlamentaria, advierte de los efectos del narcotráfico sobre la convivencia y señala carencias de recursos materiales y humanos. El consejero consideró que las peticiones planteadas por los representantes judiciales requieren una respuesta de las distintas administraciones implicadas.

La actuación anunciada distingue entre las responsabilidades estatales y autonómicas en la dotación de la Justicia. Gavira señaló que corresponde al Estado crear las plazas judiciales, asignar letrados de la Administración de Justicia y determinar la planta judicial, mientras que la Junta gestiona parte del personal y de los recursos materiales utilizados por los órganos judiciales.

La Consejería pretende que la evaluación permita establecer qué juzgados soportan una mayor carga relacionada con procedimientos por narcotráfico y qué necesidades presentan. Con esos datos, la Junta reclamará al Estado las actuaciones que considere de su competencia y estudiará los cambios que pueda acometer directamente en sus propias dotaciones.

“Exigiremos al Estado lo que le corresponde y nosotros cumpliremos con nuestra parte”, afirmó Gavira durante su intervención. El anuncio se centra, por tanto, en la elaboración previa de una evaluación de cargas de trabajo como base para decidir posibles refuerzos en los órganos judiciales afectados.