La Junta pide al Ministerio los datos de agresores sexuales beneficiados por la ley del “sí es sí” en Andalucía

El Gobierno andaluz solicita al Ministerio de Justicia el número de agresores sexuales beneficiados por la ley del “sí es sí” en Andalucía para planificar los recursos de las unidades de valoración de violencia de género.

La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Justicia los datos desglosados de los agresores sexuales beneficiados por la ley del “sí es sí” en Andalucía desde su entrada en vigor. El consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha remitido un escrito al ministro Félix Bolaños en el que pide información detallada sobre las condenas y posibles reducciones de pena aplicadas en la comunidad autónoma.

El Ejecutivo andaluz reclama conocer cuántos internos condenados por delitos contra la libertad sexual, en el ámbito de la violencia contra la mujer, han visto revisada y reducida su condena en centros penitenciarios ubicados en Andalucía como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual.

La solicitud incluye también el número total de personas condenadas en Andalucía por delitos contra la libertad sexual, así como el número de delitos registrados, conocidos, enjuiciados o con sentencia condenatoria en el territorio andaluz. El consejero pide que se diferencie expresamente entre número de personas condenadas y número de delitos, al tratarse —según expone en el escrito— de magnitudes distintas.

En la carta remitida al Ministerio, Gavira argumenta que disponer de estos datos permitiría “dimensionar adecuadamente las necesidades actuales y futuras” de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía. Estas unidades están integradas por equipos técnicos que elaboran informes periciales en procedimientos judiciales relacionados con violencia de género y violencia sexual.

El consejero señala que considera necesario conocer la incidencia y evolución de los delitos contra la libertad sexual en la comunidad autónoma, así como sus características territoriales y sociodemográficas, con el fin de planificar los recursos personales y materiales vinculados a la respuesta judicial especializada.

La Junta enmarca la petición en una finalidad “exclusivamente estadística, de planificación y dimensionamiento de recursos públicos”, según recoge el escrito remitido al Ministerio. El Gobierno andaluz sostiene que contar con datos actualizados permitiría evaluar las necesidades derivadas de la evolución de la criminalidad sexual y de la ampliación del ámbito de actuación judicial en materia de violencia sexual contra las mujeres.

La Ley Orgánica 10/2022, conocida como ley del “sí es sí”, entró en vigor en septiembre de 2022 e introdujo cambios en la tipificación y en las horquillas penales de los delitos contra la libertad sexual. Tras su aplicación, distintos tribunales revisaron condenas firmes al adaptarlas al nuevo marco legal, lo que derivó en reducciones de pena en algunos casos.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha informado públicamente de si facilitará los datos solicitados ni en qué plazo. La petición de la Junta se circunscribe al ámbito andaluz, aunque la revisión de condenas ha tenido alcance en todo el territorio nacional.

En provincias como Cádiz, donde los juzgados especializados en violencia de género y las unidades técnicas judiciales asumen una carga de trabajo sostenida, la planificación de medios personales y materiales depende en parte de la evolución de los procedimientos relacionados con delitos contra la libertad sexual. No obstante, la Junta no ha aportado cifras concretas sobre el impacto de la norma en el territorio gaditano.

La solicitud formalizada ahora por el Gobierno andaluz busca, según expone el escrito, contar con una base de datos detallada que permita ajustar la organización y los recursos de las UVIVG en función de la realidad judicial derivada de la aplicación de la ley.