La Junta propone debatir la tipificación del bullying como delito y que el acosador cambie de centro
La consejera de Desarrollo Educativo plantea en el Parlamento andaluz abrir el debate sobre la tipificación del bullying como delito y modificar la normativa para que, en casos de acoso escolar, el agresor sea trasladado de centro para proteger a la víctima.
La Junta de Andalucía ha propuesto abrir un debate jurídico sobre la tipificación del bullying como delito en el ordenamiento español y estudiar que el alumnado acosador sea trasladado de centro como medida habitual para proteger a la víctima. Así lo ha expuesto este 26 de febrero la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, en el Parlamento andaluz.
La titular autonómica ha presentado las conclusiones del I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, bajo el lema ‘Andalucía frente al Acoso’, celebrado en Córdoba a finales de enero. Según ha detallado, el encuentro ha servido para plantear cambios normativos y reforzar las herramientas frente al acoso escolar y el ciberacoso.
Entre las principales propuestas figura la apertura de un debate sobre la posible tipificación del bullying como delito, una cuestión que, de prosperar, implicaría cambios en el marco jurídico estatal. Castillo ha señalado que el objetivo es avanzar en la protección de las víctimas ante una problemática que afecta a menores dentro y fuera de los centros educativos.
Otra de las medidas planteadas es la modificación reglamentaria para que, en casos acreditados de acoso, el agresor cambie de centro “por norma”. Según la consejera, esta medida buscaría garantizar la seguridad de la víctima y mejorar la convivencia escolar, evitando que sea el menor afectado quien tenga que abandonar su entorno educativo.
La Junta también ha propuesto reforzar los protocolos existentes. En concreto, se plantea que cualquier denuncia presentada por familias o miembros de la comunidad educativa sea comunicada desde el primer momento a la Inspección educativa. El objetivo es fortalecer el asesoramiento y el seguimiento de cada caso, independientemente de que la situación pueda resolverse mediante actuaciones internas en el propio centro.
Además, entre las conclusiones del congreso se incluye la posibilidad de establecer una edad mínima para el acceso a redes sociales por parte de niños y adolescentes, siguiendo modelos ya aplicados en otros países. La medida se enmarca en la preocupación por el aumento de situaciones de ciberacoso vinculadas al uso de entornos digitales.
Durante su intervención parlamentaria, la consejera señaló que el sistema educativo andaluz cuenta con estructuras de promoción de la convivencia y de protección de la salud mental del alumnado, pero reconoció que los cambios sociales y tecnológicos obligan a adaptar las respuestas institucionales.
El debate sobre la tipificación del bullying como delito se produce en un contexto de creciente atención pública a los casos de acoso escolar, algunos de ellos con consecuencias graves para los menores afectados. En Andalucía, los centros educativos aplican protocolos específicos de detección e intervención, aunque las competencias penales corresponden al ámbito estatal.
Las propuestas anunciadas deberán concretarse en iniciativas normativas o en modificaciones reglamentarias, en su caso, y podrían requerir la coordinación con el Gobierno central si afectan al Código Penal u otras leyes orgánicas.
Con estas medidas, la Junta pretende reforzar el marco de actuación frente al acoso escolar y adaptar la respuesta institucional a los entornos digitales en los que también se producen estas conductas.
