La Junta recuerda que los comercios no pueden hacer copias del DNI por protección de datos

La Junta de Andalucía advierte de que ningún comercio puede escanear ni quedarse una copia del DNI y pide a los consumidores extremar la precaución para proteger sus datos personales

La Junta de Andalucía ha recordado que ningún comercio puede realizar copias del Documento Nacional de Identidad ni conservarlas, al tratarse de una práctica contraria a la normativa de protección de datos. El Gobierno andaluz subraya que este tipo de actuaciones suponen un tratamiento excesivo de información personal y vulneran los derechos de las personas consumidoras.

La advertencia se enmarca en las iniciativas de concienciación sobre la protección de los datos personales, en un contexto marcado por el uso generalizado de herramientas digitales y el incremento de los riesgos asociados a la gestión indebida de información privada. Desde la Administración autonómica se insiste en que esta preocupación no se limita al ámbito digital, sino que también afecta a las relaciones de consumo en establecimientos físicos.

La normativa vigente establece que los comercios no pueden exigir de forma general la presentación del DNI o del NIE para realizar compras en establecimientos presenciales. No existe una obligación legal que ampare esta exigencia, por lo que la persona consumidora puede negarse a mostrar su documento de identidad si se le solicita sin una causa justificada. Algunas empresas aplican políticas internas con el objetivo de prevenir fraudes, pero estas no pueden imponerse por encima de la legislación en materia de protección de datos.

Existen, no obstante, situaciones concretas en las que sí puede solicitarse la acreditación de identidad. Es el caso de la venta de productos como alcohol o tabaco, las apuestas o determinados servicios regulados por ley, como los establecimientos hoteleros. Incluso en estos supuestos, la normativa es clara al establecer que no se puede escanear el documento ni conservar una copia, ya que hacerlo implicaría tratar más datos personales de los estrictamente necesarios.

La Junta recuerda que la clave está en la proporcionalidad y en la justificación legal de la solicitud. Pedir el DNI solo es admisible cuando exista una base legal clara y el tratamiento de los datos sea limitado a la finalidad concreta para la que se solicitan, sin usos adicionales ni conservación indebida de la información.

En el ámbito de internet y de las compras en línea, la Administración autonómica insiste en la necesidad de adoptar una actitud proactiva y responsable para proteger los datos personales. Antes de facilitar información como nombre, dirección, número de documento, teléfono o datos bancarios, se recomienda comprobar quién solicita esos datos, con qué finalidad y si su aportación es realmente imprescindible para la operación que se va a realizar.

La Junta recuerda que el consentimiento para el uso de datos personales puede retirarse en cualquier momento, lo que permite a las personas consumidoras recuperar el control sobre su información. Además, advierte de que cualquier dato que permita identificar directa o indirectamente a una persona está protegido por la legislación vigente, incluidos elementos como el correo electrónico o la dirección IP.

Un uso inadecuado de estos datos puede derivar en situaciones de riesgo, como la recepción de publicidad no deseada, fraudes, suplantaciones de identidad o incluso chantajes. En este sentido, también se recuerda que facilitar datos personales de terceras personas sin su autorización constituye una práctica ilegal.

En el entorno digital, se recomienda extremar las precauciones al realizar gestiones sensibles. Se aconseja evitar las redes Wi-Fi públicas cuando se introduzcan contraseñas o se realicen compras en línea, así como no utilizar aplicaciones bancarias en conexiones que no ofrezcan garantías de seguridad.

La Junta insiste en que no se deben compartir claves ni información personal bajo ningún concepto si no existen garantías claras sobre la legitimidad del destinatario. La protección de los datos personales depende en gran medida de la prudencia en su uso y de la capacidad para identificar situaciones de riesgo.

La normativa en materia de protección de datos reconoce una serie de derechos fundamentales para la ciudadanía, entre ellos el derecho a la información, al acceso, a la rectificación y a la supresión de los datos, así como a la oposición, la limitación del tratamiento y la portabilidad. También garantiza que las personas no queden sometidas a decisiones automatizadas sin intervención humana.

Con este recordatorio, la Junta de Andalucía refuerza su mensaje de concienciación y prevención, apelando tanto a la responsabilidad de los comercios como a la actitud activa de las personas consumidoras para salvaguardar su privacidad y el uso correcto de sus datos personales.