La Junta refuerza hasta 2028 la inspección de viviendas protegidas en Cádiz
El nuevo plan de inspección de viviendas protegidas en Cádiz y el resto de Andalucía vigilará la desocupación, los usos turísticos y los alquileres o ventas por encima de los límites legales

La Junta de Andalucía reforzará entre 2026 y 2028 la inspección de viviendas protegidas en Cádiz y el resto de la comunidad para comprobar que se utilizan como residencia habitual de sus adjudicatarios. El plan, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), también perseguirá posibles situaciones de desocupación, usos turísticos no autorizados y operaciones de venta o alquiler que incumplan los precios máximos establecidos.
El Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028, promovido por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, se aplicará sobre el parque residencial protegido con independencia de su régimen de acceso, modalidad de tenencia o del carácter público o privado del promotor. Su desarrollo se enmarca en la Ley de Vivienda de Andalucía.
La planificación establece criterios para decidir dónde deben concentrarse los recursos disponibles. Tendrán atención prioritaria las zonas con precios inmobiliarios más elevados, los municipios con mayor población, los ámbitos que reúnen un mayor número de viviendas protegidas y aquellos con una elevada concentración de viviendas turísticas.
Estos criterios determinarán la aplicación del plan en las distintas provincias y municipios andaluces. La selección pretende orientar las inspecciones hacia los lugares en los que las posibles infracciones puedan tener una mayor repercusión sobre el acceso a la vivienda protegida.
El programa se divide en tres líneas principales de actuación. La primera comprende el control general de las viviendas protegidas y de las promociones de las que forman parte, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la normativa durante el periodo en el que mantienen esa calificación.
La segunda línea se centrará en el destino efectivo de los inmuebles. Los inspectores comprobarán si las viviendas constituyen el domicilio habitual y permanente de sus adjudicatarios y podrán actuar ante indicios de que permanecen desocupadas o se utilizan con una finalidad turística incompatible con su régimen de protección.
Este apartado también incluye la vigilancia de las condiciones exigidas para vender o alquilar una vivienda protegida. El control abarcará tanto el precio aplicado en esas operaciones como su publicidad, con el fin de detectar transmisiones o arrendamientos que superen los máximos fijados legalmente.
La tercera línea consistirá en el seguimiento de los procedimientos sancionadores ya resueltos. La Administración autonómica revisará estos casos para comprobar que los incumplimientos corregidos no vuelven a producirse y para prevenir situaciones de reincidencia.
Además de las inspecciones programadas, el plan permite intervenir ante casos concretos que requieran una actuación específica. Estas revisiones podrán iniciarse a partir de denuncias, de información conocida directamente por las delegaciones territoriales o de la detección de indicios de una posible vulneración de la normativa.
La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, señaló que la finalidad del plan es asegurar que los inmuebles protegidos se destinen a las personas que reúnen las condiciones de acceso y que mantengan su función durante todo el periodo de protección. “Una vivienda protegida debe cumplir su finalidad social durante todo el periodo de protección”, afirmó la consejera al presentar las líneas de vigilancia.
El plan contempla así controles sobre las diferentes fases de utilización de las viviendas, desde su ocupación como domicilio permanente hasta una eventual venta o arrendamiento. También incorpora el seguimiento posterior de las sanciones y la posibilidad de abrir actuaciones fuera de la programación ordinaria cuando existan indicios concretos.
La aplicación del programa en Cádiz dependerá de los criterios territoriales incluidos en el documento y de las actuaciones que planifiquen los servicios competentes. La vigilancia alcanzará tanto a las promociones públicas como a las privadas que mantengan algún régimen de protección, así como a las distintas fórmulas de propiedad o alquiler.


