El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Federico Fernández, ha mantenido hoy una reunión la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril de la ciudad de Cádiz para informarles de la nueva orden de ayudas en el marco del Programa de Rehabilitación Edificatoria abierta hasta el día 6 de agosto, resolver las dudas existentes y ofrecer la colaboración del equipo técnico de la Delegación de cara a realizar los trámites para la solicitud de estas solicitudes de las que son beneficiarias las comunidades de propietarios.
Fernández ha recordado en el encuentro que la orden, que cuenta con una dotación de 14,5 millones de euros, pone a disposición de los propietarios unos recursos con los que se pretende prestar apoyo para ejecutar obras de conservación, mejora de la calidad y sostenibilidad, así como la accesibilidad de las zonas comunes.
En el marco de la reunión, el delegado territorial ha querido aclarar algunos aspectos de la subvención que vienen claramente definidos en las diferentes convocatorias, al tiempo que ha lamentado “la falta de conocimiento de representantes políticos del Partido Popular y el propio Ayuntamiento de Cádiz”, que con sus declaraciones sobre la aplicación de estas ayudas (correspondientes a la anualidad de 2016) en la barriada de Loreto “solo contribuyen a desinformar y poner en duda un procedimiento en el que las comunidades de propietarios son soberanas y que, a tenor de la documentación de los expedientes, ha cumplido de forma escrupulosa los criterios de la convocatoria”.
De esta forma, Fernández ha hecho hincapié en que las comunidades de propietarios que han sido beneficiarias las ayudas que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva son las que han decidido por mayoría, en algunos casos muy holgada, los proyectos que ahora se están ejecutando y que debían cumplir los criterios de la convocatoria.
En todos los casos, los solicitantes de las subvenciones han presentado la documentación acreditativa de estos acuerdos, así como el resto de la exigida en la convocatoria. Así, además del acta de la reunión en junta de todos los propietarios donde expresamente aprobaban la petición de la subvención, debían reflejar la actuación a acometer en el edificio, el presupuesto elegido por la propia comunidad así como el proyecto previo que justificaría las obras.
En consecuencia, y en contra de lo expresado por el Ayuntamiento de Cádiz, son exclusivamente los vecinos, en acuerdo mayoritario, los que deciden el proyecto a presentar, los técnicos redactores del proyecto y directores de las obras, y la empresa que quieren contratar para acometer las obras. Es decir, es la comunidad de propietario la que soberanamente y de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal decide qué hacer y a quién contratar, estando obligada si opta a la concurrencia de estas subvenciones a aportar a la Junta de Andalucía copia del acta de la reunión, el proyecto técnico, y al menos tres presupuestos de empresas constructoras/instaladoras (incluido el elegido por los vecinos) siempre que el presupuesto supere los 50.000 euros.
El delegado también ha recordado hoy a tenor de las críticas de algunos propietarios que la legislación actual sobre Propiedad Horizontal deja muy claro en relación a los acuerdos adoptados por las comunidades de propietarios, en especial para aquellos supuestos en los que está en juego el derecho de accesibilidad de los vecinos, que ya no es necesaria la unanimidad para ejecutar estas obras, sino el acuerdo mayoritario incluso cuando implique la modificación del título constitutivo de la propiedad.
Del mismo modo, Fernández ha recordado hoy que los proyectos de instalación de ascensores presentados deben de cumplir con las dimensiones mínimas exigidas por la normativa de accesibilidad vigente. Solo en casos en los que no haya ninguna alternativa (si por ejemplo no existe un patio donde instalar el elevador) se puede optar por alguno de menor tamaño. En este aspecto es el Ayuntamiento de Cádiz quien también ha de pronunciarse en cuanto a la concesión de la licencia y al cumplimiento de las exigencias técnicas-jurídicas.
Por todo lo anterior, el delegado de Fomento ha reiterado hoy a la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de abril las ventajas de estas subvenciones que “solo pretenden mejorar la vida de las personas, en especial de las que tienen problemas de movilidad o alguna discapacidad”, y ha insistido en que en todos los procedimientos futuros, como se ha hecho hasta hora, se vigilará y fiscalizará que se cumple escrupulosamente con los procedimientos legales exigidos.
A este respecto, Fernández ha recordado que las reuniones con las comunidades han sido frecuentes en anteriores convocatorias, como se hizo sin ir más lejos con las de la barriada de Loreto en un encuentro en el que se explicó la tramitación, requisitos, y exigencias que las ayudas concedidas comportaban, dando respuesta a todas las preguntas que por parte de los participantes de aquella reunión se plantearon.
Por todo lo anterior, el delegado territorial de Fomento ha lamentado “las críticas y la falta de conocimiento de algunos representantes políticos que, ante lo que parece un desacuerdo entre propietarios particulares frente a la mayoría de su comunidad, obvian que la Junta, que no interviene en el proceso, no puede más que respetar la decisión soberana y por mayoría de los vecinos de concurrir a una convocatoria de ayudas públicas, unos vecinos que también de forma autónoma tomaron la decisión sobre qué proyecto presentar, la contratación del redactor de ese proyecto y la elección de una contrata para la realización de las obras”.