La Marea Blanca gaditana ha valorado positivamente el paso dado por el SAS al denunciar a la empresa José Manuel Pascual Pascual, SA ante el Consejo de Defensa de la Competencia y anima a la Consejería a seguir trabajando en ese sentido. «Estos hechos son especialmente relevantes para la provincia de Cádiz, ya que el grueso del concierto entre el SAS y Pascual, objeto del conflicto, se centra en el uso público de los Hospitales que esa empresa posee en el Puerto, Sanlúcar y Villamartín», han explicado en una nota de prensa.
Según esta nota el Consejo describe y reconoce dos prácticas restrictivas de la competencia realizadas por esta empresa en el periodo que abarca desde febrero de 2014 hasta junio de 2016, primero planteando exigencias ilegales al SAS para continuar el concierto y, después, aumentando arbitrariamente los precios cuando la Consejería no accede a dichas exigencias, usando para ello su posición de dominio de mercado. Por este medio, la el Consejo establece en su resolución que la empresa ha obtenido en ese periodo un beneficio ilícito de más de 164 millones de euros. A estas cantidades, habría que sumarles los beneficios entre junio de 2016 y junio de 2017, que la resolución no calcula y que podrían incrementar la cifras a más de 200 millones de euros. Este beneficio se encuentra muy por encima de los costes soportados por la empresa, así como muy por encima también de los precios de mercado, y de los que la misma empresa cobra a otros clientes. Por estos motivos, la resolución sanciona a Pascual con 5,33 millones de euros.
La Marea Blanca gaditana quiere reclamarle a la administración sanitaria andaluza «responsabilidad ante las perversas actuaciones de esta empresa», y solicita que rompa de una vez con la misma. Para ello la Marea Blanca gaditana pide «que se comience a trabajar en la construcción de los recursos propios de prestación sanitaria especializada y hospitalaria que sean necesarios, para sustituir los que hasta ahora se vienen concertando con la empresa Pascual en El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, que según estimaciones del propio SAS, que constan en el expediente, calcula en 45 meses desde el inicio de las actuaciones».
También defiende la Marea Blanca que la prestación de servicios de empresas privadas sean siempre complementarios a los servicios prestados directamente por el Sistema Sanitario Público, ante picos de demanda o situaciones coyunturales dónde no pueda haber en ese momento cobertura pública.
Por último exigen que «en ningún caso se paguen cantidades por encima de los precios de concierto y que se reclamen las devoluciones pertinentes, en caso de haberse abonado alguna de las cantidades señaladas con sobreprecios».