La Orden de Cotización 2026 obliga a autónomos y pymes andaluzas a rehacer nóminas en abril
La publicación tardía de la Orden de Cotización 2026, con efectos retroactivos desde enero, fuerza a empresas y despachos profesionales de Andalucía a recalcular nóminas y cotizaciones en pleno cierre del primer trimestre.
La publicación de la Orden de Cotización 2026 el pasado 31 de marzo, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, ha obligado a autónomos y pequeñas y medianas empresas andaluzas a rehacer nóminas y liquidaciones de cotizaciones correspondientes al primer trimestre del año. La medida afecta también a los despachos profesionales que gestionan trámites laborales y de Seguridad Social.
Durante los tres primeros meses de 2026, las empresas han calculado las nóminas sin conocer las bases definitivas de cotización. Con la entrada en vigor de la orden, deben revisar y regularizar las liquidaciones ya presentadas, en un plazo que coincide con las obligaciones fiscales y laborales del cierre trimestral.
La Seguridad Social ha anunciado que regularizará de oficio las cotizaciones de enero y febrero. Sin embargo, el mes de marzo queda fuera de este procedimiento automático, lo que concentra en abril una carga administrativa adicional para empresas y asesorías.
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha advertido del impacto operativo que esta situación está generando en Andalucía. Su presidente, Eduardo Ruiz Vegas, ha señalado que el colectivo asume una sobrecarga de trabajo imprevista para cumplir con las obligaciones de sus clientes, en un contexto de plazos ajustados.
Según explica la organización profesional, la coincidencia de la regularización de cotizaciones con la presentación de impuestos trimestrales incrementa el riesgo de errores y genera costes administrativos añadidos para autónomos y pymes. También apunta a dificultades en la planificación interna de las empresas, que deben adaptar sus previsiones a cambios normativos conocidos al final del trimestre.
La Orden de Cotización 2026 es la norma que fija las bases y tipos aplicables a las cotizaciones a la Seguridad Social durante el ejercicio. Su publicación con efectos retroactivos implica que las empresas deben ajustar importes ya calculados y, en algunos casos, abonados.
Desde el Consejo General de Graduados Sociales de España, su presidente, Joaquín Merchán Bermejo, ha calificado el retraso en la publicación como una práctica que genera inseguridad jurídica. La entidad reclama que la regularización automática se extienda también al mes de marzo y que, en próximos ejercicios, la orden se publique antes del inicio del año natural.
En la misma línea, el Consejo Andaluz ha pedido una mayor coordinación entre la Administración y los órganos representativos de los profesionales del ámbito laboral. La organización plantea establecer mecanismos de anticipación y diálogo que permitan reducir el impacto de cambios normativos con efectos retroactivos.
Los graduados sociales desempeñan funciones de asesoramiento y gestión en materia laboral y de Seguridad Social para empresas y trabajadores. En Andalucía, miles de autónomos y pymes recurren a estos profesionales para tramitar nóminas, contratos y cotizaciones.
La situación actual obliga a revisar cálculos ya cerrados y a presentar, en su caso, liquidaciones complementarias. Aunque la regularización de enero y febrero se realizará de oficio, las empresas deberán comprobar que los ajustes se aplican correctamente y tramitar las modificaciones correspondientes a marzo.
El colectivo profesional insiste en que la planificación normativa resulta clave para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y evitar incidencias recurrentes. Mientras tanto, despachos y empresas afrontan en abril una carga de trabajo superior a la habitual para adaptar sus cotizaciones a lo establecido en la Orden de Cotización 2026.
