La reducción de la renta del alquiler en viviendas municipales en Sanlúcar beneficiará a 16 familias con un descuento del 40% en 2026

La reducción de la renta del alquiler en viviendas municipales en Sanlúcar permitirá que las familias paguen un 40% menos en 2026 para garantizar que el coste de la vivienda no supere el 25% de sus ingresos.

La reducción de la renta del alquiler en viviendas municipales en Sanlúcar permitirá a 16 familias pagar un 40% menos durante el próximo año tras la resolución de la convocatoria municipal destinada a aliviar la carga económica de los hogares con menores recursos. La medida está dirigida a residentes de viviendas de titularidad municipal que actualmente destinan más del 25% de sus ingresos ponderados al pago de la renta.

El sistema de reducción está regulado por una ordenanza elaborada por la Gerencia Municipal de Urbanismo con el objetivo de ordenar la gestión del parque público de vivienda y establecer un procedimiento que permita ajustar el precio del alquiler a la situación económica real de cada unidad familiar. El Ayuntamiento subraya que la finalidad de la ordenanza es que ninguna familia se vea obligada a dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos al pago de la vivienda, garantizando así que puedan atender el resto de necesidades básicas.

El proceso contempla convocatorias anuales en las que los inquilinos pueden solicitar esta reducción. Durante la convocatoria actual, 31 familias presentaron la documentación acreditativa y, tras el análisis de cada expediente, 16 han sido finalmente beneficiarias. El descuento se aplicará a las unidades de convivencia cuyos alquileres mensuales sean iguales o superiores a 100 euros, asegurando que la renta resultante quede siempre por debajo del 25% de los ingresos ponderados.

El cálculo de la renta se realiza aplicando coeficientes reductores a los ingresos reales, con el fin de priorizar a las familias con mayor necesidad económica. Estos coeficientes se establecen en función del número de miembros de la unidad familiar y, en su caso, en la existencia de situaciones de especial protección, como personas con discapacidad, dependientes, familias monoparentales o colectivos especialmente vulnerables.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca un equilibrio entre la responsabilidad económica de los inquilinos y la protección social, reduciendo la presión del alquiler en los hogares con dificultades económicas y garantizando que el acceso a la vivienda pública sea compatible con una vida familiar sostenible. La aplicación de la reducción de la renta se extenderá a lo largo de todo el año 2026, con abono mensual ajustado.

Además de favorecer el bienestar de los inquilinos, el procedimiento pretende mejorar la gestión de la vivienda municipal, incentivar el cumplimiento regular de las obligaciones contractuales y evitar situaciones de morosidad asociadas a circunstancias sobrevenidas. El modelo se plantea como una herramienta preventiva que fortalece la estabilidad residencial y contribuye a la protección social desde una perspectiva estructural y no únicamente asistencial.

El Ayuntamiento recalca la importancia de continuar desarrollando políticas de vivienda que reduzcan desigualdades económicas y reconozcan la vivienda como un elemento esencial para la cohesión social. La convocatoria correspondiente a la reducción de rentas se mantendrá activa en próximos ejercicios para que más familias puedan acogerse en función de sus circunstancias económicas.