La UCO afirma que la trama de hidrocarburos pagó a Ábalos un chalet en La Alcaidesa para lograr una licencia

Un informe remitido al juez Pedraz sostiene que la red vinculada a Víctor de Aldama asumió la compra del inmueble en Cádiz como contraprestación para obtener la autorización de operador de hidrocarburos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene, en un nuevo informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que la trama investigada por fraude en el sector de los hidrocarburos habría financiado la adquisición de un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) para el exministro José Luis Ábalos. Según el documento, la compra del inmueble formó parte de una contraprestación vinculada a la obtención de una licencia de operador para la mercantil Villafuel, relacionada con el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados en la causa.

El informe recoge conversaciones intervenidas a varios de los implicados, entre ellas una mantenida entre la empresaria Leonor González y su pareja, Natán González, en la que atribuyen directamente la concesión de la autorización administrativa a la adquisición del chalet. “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, afirma González en una de las comunicaciones recogidas por la Guardia Civil, que interpreta que los interlocutores dan por hecho que la operación inmobiliaria estaba ligada a la resolución favorable para Villafuel.

La UCO detalla que el proceso de búsqueda y selección del inmueble contó con la participación activa de Koldo García, entonces asesor de Ábalos en el Ministerio. Según el informe, García llegó a remitir al empresario investigado varios enlaces del portal Idealista con viviendas en venta, entre ellas la que posteriormente fue adquirida y puesta a disposición del exministro en La Alcaidesa. El documento señala también que Víctor de Aldama actuó como intermediario entre Ábalos y los miembros de la presunta organización criminal, impulsando las gestiones necesarias para la compra del chalet.

Los agentes sitúan esta operación en el contexto de las negociaciones previas a la primera reunión de la trama en el Ministerio de Industria y Turismo, celebrada el 28 de diciembre de 2020. En una conversación intervenida el día anterior, la UCO considera que se esclarece tanto la supuesta anuencia del exministro como la contraprestación pactada entre Aldama y Claudio Rivas, otro de los investigados.

El informe sostiene que la concesión de la autorización para que Villafuel operara en el sector de los hidrocarburos se produjo después de que se materializara la adquisición del inmueble, lo que, para los agentes, confirma la relación entre ambos hechos. La investigación continúa bajo la dirección del juez Pedraz, que analiza si la operación inmobiliaria constituye un acto de corrupción vinculado a la tramitación administrativa que beneficiaba a la empresa investigada.

La causa forma parte de un procedimiento más amplio sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y licencias en el sector, en el que se investiga la actuación coordinada de empresarios, intermediarios y cargos públicos para influir en resoluciones administrativas a cambio de contraprestaciones económicas o patrimoniales.