Las monitoras de niños con necesidades especiales que se emplean en la compañía SAMU mantienen sus contratos pese al cese de la actividad por la pandemia
El decreto Ley 7 / 2020, aprobado la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, facilita que las empresas puedan seguir pagando los gastos de personal y los salarios durante el cierre por el COVID-19. Una de las consecuencias de esta medida excepcional es el mantenimiento en la provincia de Cádiz de 110 monitoras de Educación Especial (PTIS), pertenecientes a la compañía SAMU, una de las empresas más importantes de las que prestan servicios de atención a alumnos con necesidades especiales para la Junta de Andalucía.
“La entidad, que emplea en toda la comunidad a casi 800 personas, más del 90%, mujeres, ha decidido parar el ERTE que tenía en marcha para acogerse a un acuerdo con la Consejería por el que la administración sigue pagando los servicios, pese a que no se presten, mientras dure la suspensión de clases presenciales”, ha informado Miguel Andréu, delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz.
“De esta forma, se mantienen los puestos de trabajo y sueldos de las educadoras, lo que es una excelente noticia que demuestra el enorme esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía para estar al lado de los más vulnerables en esta situación insólita”, ha explicado. El delegado anima a otras empresas del sector a que se acojan a esta ayuda, y recuerda que “hay un requisito indispensable: mantener los empleos”
Los trabajadores de SAMU se dedican a ayudar a los niños y niñas con necesidades especiales, facilitando su inclusión en el aula y ayudando en el desarrollo de su autonomía personal. En este sentido, el delegado ha recordado que una de las principales líneas de actuación de la Consejería se centra en la mejora de las condicionales laborales de este sector y en el incremento presupuestario destinado al refuerzo de personal de integración. “Este curso, los presupuestos de Educación Especial han superado por primera vez en la historia los 400 millones de euros, aumentando en 77 millones respecto a los aprobados por el anterior ejecutivo en 2018”.
Por último, el responsable provincial de Educación y Deporte ha destacado “la determinación del Gobierno Andaluz para tomar las medidas necesarias que protejan el empleo en una situación tan compleja, con una repercusión especial en el ámbito educativo, donde las empresas podrán seguir afrontando los gastos de personal, incluyendo los pagos de los salarios a más de 30.000 trabajadores mientras dure el estado de alarma”.
“Esa fue la voluntad de la Junta de Andalucía desde el primer momento con el decreto del 16 de marzo y posteriormente con el del 1 de abril, que da claridad y seguridad jurídica por el marco establecido a posteriori por el Gobierno estatal”, ha concluido.