Las Diputaciones plantean un fondo, dotado con superávit de entidades locales, que beneficie a todos los ayuntamientos

Irene García participa en la comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP que acuerda las pautas de negociación con el Gobierno de España y las comunidades autónomas

Irene Garcia sigue la intervencion de Abel Caballero
Irene Garcia sigue la intervencion de Abel Caballero

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha participado esta tarde en la comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El titular de la FEMP, Abel Caballero, ha presidido este foro en el que se ha valorado la implicación de las entidades locales para resolver los múltiples problemas suscitados por la actual pandemia; se han detallado las decisiones adoptadas por la junta de gobierno de la federación y trasladadas al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; y se ha acordado la concreción de un documento que exprese las reivindicaciones de Diputaciones, Cabildos y Consejos ante las administraciones estatal y autonómica.

Las pautas de esta negociación están claras y su resolución comporta la asunción de decisiones políticas y cambios normativos por parte del Gobierno de España y los ejecutivos autonómicos. Por novedosa destaca la defensa de un nuevo fondo, dotado con recursos procedentes del superávit de entidades locales, cuya aplicación repercuta en todos los ayuntamientos sin distinción de sus respectivas liquidaciones. Irene García ha valorado la idoneidad de este instrumento “considerando que en la provincia de Cádiz sólo 14 de sus 45 municipios alcanzaron superávit”.

En el documento de consenso se incorporará la defensa del superávit y remanentes de las entidades locales: “Ningún fondo de las administraciones locales debe ir de manera impuesta a otra administración”, ha indicado la presidenta de la Diputación de Cádiz. Irene García considera que esos recursos, generados por una gestión eficaz, “deben blindarse para dar cobertura a las personas que tienen más dificultades y que nosotros, como entidades más cercanas, conocemos mejor. Y eso sin descartar otros fines, como pueden ser el desarrollo de iniciativas para crear empleo”.

Las entidades locales demandan una flexibilización de la regla de gasto, así como reformas fiscales y presupuestarias, que les permitan autonomía real a la hora de asumir inversiones. También reivindican la eliminación de la tasa de reposición, al objeto de disponer de recursos humanos que puedan resolver el ingente trabajo que se avecina. Y que se incremente el presupuesto destinado a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, “que antes de la pandemia estaba infradotada y que tras esta crisis puede encarar una realidad insostenible”.

También es unánime la reclamación, al Estado y a las comunidades autónomas, “de contar con información municipalizada para que podamos resolver con eficacia nuestros servicios públicos”. En la comisión de la FEMP se reconoce que las entidades locales “complementan las medidas que promueven el Gobierno de España y los ejecutivos autonómicos”, pero ese complemento, que “tiene valor”, se dificulta si no se transmite la información de manera leal.

Irene García ha destacado “el tono del encuentro y el nivel de los acuerdos adoptados” y lamenta que ese grado de interlocución “no exista en Andalucía donde no se han producido encuentros de la Junta ni con las Diputaciones ni con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias”.

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