Los representantes sindicales de la Policía Local acusan al alcalde y al Equipo de Gobierno de tener animadversión hacia este colectivo y magnificar los sucesos del pasado viernes con la intención de no sentarse a revisar un convenio que finalizó su vigencia hace más de diez años
Usar el término guerra para referirse al desencuentro entre el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz y la Policía Local ya no es una metáfora. Las posiciones están más alejadas por cada día que pasa y la retórica cada vez más brusca. La rueda de prensa ofrecida este martes por Francisco Rama Prior, Secretario General de UPLBA-Cádiz y Francisco Javier León Cebada, Presidente del SPLCA, es buena muestra de ello.
Los representantes sindicales convocaron a los medios para dar su versión de los sucesos acontecidos el pasado viernes, que finalizaron con el desalojo del Consistorio y la suspensión del Pleno. El motivo, el humo de unos botes de pirotecnia que los policías locales emplearon en su protesta y que terminaron por llenar de humo el interior del edificio, hasta el punto que dos concejalas, Lorena Garrón y Mara Rodríguez, requirieron asistencia médica.
Francisco Rama inició su discurso pidiendo disculpas por el incidente pero negó rotundamente que con ello pretendieran «atacar la soberanía popular». También negó que el material empleado fuese material policial antidisturbios. El colectivo policial se siente maltratado por lo que consideran un incidente fortuito, y niegan que arrojaran dichos botes de humo al interior del edificio. «Tan solo un bote cayó en el balcón y en ese momento la puerta se encontraba cerrada», añadió descartando que el humo de ese bote llegara a penetrar en el edificio. Por su parte, Francisco Javier León, reconoció que la concentración del pasado viernes pudo «causar molestias, como cualquier otra manifestación laboral, pero nada más».
Hasta aquí, las disculpas. A continuación los representantes sindicales dieron sus argumentos para convencer de que el trasfondo de todo este desencuentro es una supuesta animadversión del Equipo de Gobierno hacia la Policía Local en particular, pero extendible a todos los cuerpos policiales. Francisco Javier León recordó la polémica suscitada en el acto institucinal del Orgullo del Ministerio de Igualdad, cuando un coro cantó «Pim, pom, fuera, la policía la queremos fuera». Para León el alcalde, Teresa Rodríguez, Martín Vila y el resto del Equipo de Gobierno y asesores comulgan con esa frase.
«Nunca hubo sensación de inseguridad ni caos»
«Nos han acusado de daño contra el patrimonio, atentado a la autoridad y contra la soberanía». Francisco Javier León negó rotundamente estas acusaciones y recordó que en ningún momento hubo sensación de inseguridad y caos en la protesta llevada a cabo el pasado viernes. En su opinión la presencia de Vicente Barcia y Carlos Paradas en la concentración «buscaba provocar y que algún compañero perdiera los nervios», lamentando que por este incidente no hayan recibido ninguna disculpa por parte de los implicados ni de otros miembros del Equipo de Gobierno.
Lo cierto es que, según ha podido saber Cadiznoticias de fuentes municipales, el agente que se encontraba de guardia esa mañana en el Consistorio y que acudió a separar a Barcia y Paradas del resto de los manifestantes ha denunciado a ambos por interrumpir una manifestación legalmente convocada en virtud de la conocida como Ley Mordaza. Si a esto se le une la intención del Equipo de Gobierno de denunciar, incluso por la vía penal, los incidentes ocurridos, la solución del conflicto está cada vez más lejos.
Como más lejos llegó Francisco Rama, que llegó a acusar directamente al alcalde de la ciudad, José María González, de suspender el pleno por un interés particular. Para Rama la suspensión le venía bien para poder viajar a Granada, donde al día siguiete tendría lugar la refundación de Adelante Andalucía. También puso en duda el representante de UPLBA-Cádiz que la concejala Lorena Garrón sufriese una intoxicación por humo por la que requiriese asistencia médica. «Al día siguiente estuvo en Granada y ni carraspeó», sentenció.
La negociación del convenio, en punto muerto
El meollo del conflicto es la actualización del convenio de la Policía Local, que finalizó su vigencia en 2010. Los representantes sindicales denunciaron además la inexistencia de un diálogo abierto para revisar este convenio y el abandono del alcalde hacia el colectivo, al que ni siquiera ha visitado para felicitarlo por su trabajo en tiempos de pandemia, «cuando hemos estado jungándonos la vida».
Es por ello que el colectivo policial ha decidido cumplir escrupulosamente con su jornada laboral, lo que deja desguarnecida la actividad policial ordinaria, así como la celebración de eventos puntuales, que tampoco cuentan con presencia de agentes. «Pensamos que el problema del alcalde con este colectivo es ideológico», lamentó León.
A pesar de todo, esperan que el Equipo de Gobierno recapacite y se siente en una mesa negociadora con el colectivo, ya que hasta el momento existe una mesa en la que se tratan todos los asuntos laborales de la plantilla municipal, «lo que no hace otra cosa que dilatar los problemas en materia laboral de todos los empleados municipales».