Los funcionarios de prisiones avanzan hacia el reconocimiento como agentes de la autoridad
La aprobación en comisión de la proposición de ley impulsada en el Congreso beneficiaría a unos 1.600 profesionales de instituciones penitenciarias en la provincia de Cádiz.
Los funcionarios de prisiones de la provincia de Cádiz están más cerca de ser reconocidos legalmente como agentes de la autoridad después de que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados haya aprobado el informe de ponencia y las enmiendas de la proposición de ley orgánica que regula esta medida.
La diputada socialista por Cádiz, Mamen Sánchez, ha valorado este avance parlamentario como “un avance histórico y de justicia” para el colectivo de trabajadores penitenciarios, que desde hace años reclama una mayor protección jurídica y reconocimiento institucional.
La iniciativa legislativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y respaldada por el Ministerio del Interior, continuará ahora su tramitación en el Pleno del Congreso y posteriormente en el Senado. El objetivo es que la norma quede aprobada definitivamente en los próximos meses.
La provincia de Cádiz ocupa un papel destacado dentro del sistema penitenciario español. Según ha señalado la parlamentaria socialista, alrededor de 1.600 profesionales desarrollan actualmente su labor en los centros penitenciarios de Puerto I, Puerto II, Puerto III, Botafuegos y en los Centros de Inserción Social de Jerez y Algeciras.
Mamen Sánchez ha subrayado que Cádiz concentra cerca del 7 por ciento del personal penitenciario del país, lo que convierte a la provincia en uno de los principales núcleos penitenciarios de España. La diputada ha destacado además la importancia económica y social de este sector para numerosas familias gaditanas vinculadas directa o indirectamente a la actividad penitenciaria.
La reforma contempla varias novedades para los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Entre ellas figura el reconocimiento legal expreso de los funcionarios como agentes de la autoridad, así como la presunción de veracidad de sus informes y manifestaciones durante el ejercicio profesional.
El texto también incluye medidas relacionadas con la protección jurídica del personal ante daños personales o materiales derivados de su trabajo y prevé una protección específica en caso de ingreso en prisión de funcionarios penitenciarios. Además, se amplía la cobertura jurídica al personal laboral de Instituciones Penitenciarias.
Según explicó la diputada socialista, la reforma busca aportar mayor seguridad jurídica al colectivo y evitar interpretaciones judiciales diferentes sobre el ejercicio de sus funciones.
Desde el PSOE recuerdan que el Ministerio del Interior trabaja desde 2018 junto a Instituciones Penitenciarias y representantes sindicales para desarrollar modificaciones normativas orientadas a reforzar la protección de estos profesionales.
La parlamentaria también destacó el papel estratégico de los centros penitenciarios gaditanos, especialmente el complejo penitenciario de El Puerto de Santa María y la prisión de Botafuegos, en Algeciras, debido a su volumen de actividad y número de trabajadores.
El reconocimiento como agentes de la autoridad es una de las principales reivindicaciones históricas del colectivo de funcionarios de prisiones, que reclama desde hace años una equiparación jurídica similar a la existente en otros cuerpos vinculados a la seguridad pública.
