Los graduados sociales alertan sobre la falta de coordinación en la implantación de la Ley de Eficiencia Judicial

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta advierte de carencias estructurales y presupuestarias que podrían afectar al funcionamiento de los tribunales andaluces.

El presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, José Blas Fernández Sánchez, ha mostrado su preocupación por las dificultades que enfrenta la Junta de Andalucía para implementar la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, una reforma estatal que, según el consejero José Antonio Nieto, requiere un esfuerzo presupuestario extraordinario por parte de las comunidades autónomas sin aportación económica del Estado.

Fernández subrayó que “la ley emana del Congreso de los Diputados, del Gobierno de la Nación, y son las autonomías las que ahora tienen que asumir en solitario su desarrollo y financiación”. El responsable de los graduados sociales advierte que la Justicia “no puede seguir avanzando a base de parches o improvisaciones normativas sin un marco de cooperación real entre el Estado y las comunidades autónomas, ni una dotación de medios humanos y materiales que garantice la eficacia del sistema judicial”.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta compartió la inquietud de otros operadores jurídicos sobre la escasa participación de profesionales del Derecho Social, como abogados, procuradores y graduados sociales, en el diseño y desarrollo del nuevo modelo judicial. Fernández destacó que estos profesionales “alimentan la Justicia con los casos que llegan a los tribunales, conocen las necesidades reales de los juzgados y los efectos de los cambios legislativos”.

La preocupación principal reside en que la reforma, sin coordinación adecuada, podría generar más problemas que soluciones, especialmente en provincias como Cádiz, que históricamente han sufrido la falta de recursos en la Administración de Justicia. Fernández apuntó que, aunque reconoce “la valentía y el esfuerzo del consejero de Justicia por dialogar con todos los sectores implicados”, la Ley de Eficiencia “puede provocar un nuevo colapso en la administración de justicia si no se acompaña de planificación y recursos suficientes”.

El presidente de los Graduados Sociales enfatizó la importancia de contar con su voz en las mesas de diálogo sobre el futuro del sistema judicial, dado su papel esencial en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Fernández reclamó que los profesionales implicados en la Justicia formen parte activa de la implementación de reformas para garantizar eficacia, equidad y sostenibilidad en el funcionamiento de los tribunales.

La advertencia de los graduados sociales llega en un contexto en el que Andalucía debe asumir la mayor parte de los costes y ajustes operativos de la Ley de Eficiencia Judicial, mientras los profesionales del sector reclaman coordinación y planificación para evitar problemas estructurales que puedan afectar a los ciudadanos y al desarrollo del sistema judicial.