Los graduados sociales demandan medidas extraordinarias y de aplicación urgente para los autónomos ante la crisis del Covid-19


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El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reclama a las administraciones -Gobierno, Junta de Andalucía y ayuntamientos- que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pongan en marcha planes extraordinarios para paliar los efectos de la crisis del Covid-19 “en uno de los colectivos laborales más vulnerables, el de los trabajadores autónomos”, ha señalado su presidente, José Blas Fernández Sánchez.

El impacto de la situación de confinamiento y parálisis económica ha tenido un fuerte impacto en quienes trabajan por cuenta propia, bien prestando servicios profesionales -como es el caso de los más de 700 graduados sociales de la provincia-, bien al frente de pequeñas empresas y negocios de hostelería, comercio, etc.

Este colectivo de operadores jurídicos y especialistas laborales y de la Seguridad Social están sufriendo en primera persona, a través de sus despachos y asesorías, los efectos del parón económico. “No solo estamos en primera fila, observando muy cerca la realidad de las pymes y autónomos, sino que estamos experimentando también esas consecuencias: falta de liquidez para hacer frente a pagos de nóminas y gastos de nuestros despachos”, asegura el presidente de los graduados sociales.

Las medidas que proponen estos profesionales tienen además un denominador común: deben aplicarse me manera urgente. “Aún no se ha gestionado la devolución de las cuotas de marzo cobradas indebidamente, después de más de un mes del acuerdo del Gobierno”, señala. Lo mismo ocurre con la tramitación de ERTE’s y el acceso de los trabajadores de los pequeños negocios a las prestaciones de desempleo.

A juicio de José Blas Fernández, se debería haber realizado una moratoria completa de las obligaciones fiscales, de Seguridad Social y de tasas para los autónomos, “llevando también una cuarentena en lo relativo a pagos, que pueden aplazarse hasta recobrar cierta normalidad de movimiento económico y productivo. No se puede exprimir más al colectivo de los autónomos, porque a la mayoría no les queda nada”, indica.

El presidente de los Graduados Sociales ha reiterado el ofrecimiento de estos profesionales a las instituciones para que, “a través de nuestro contacto diario con las pymes y autónomos, y nuestro conocimiento del mundo laboral, puedan conocer de primera mano cuáles son sus necesidades reales: prolongación de los ERTE’s, reducción al 40% de caída de facturación para percibir prestaciones, moratorias hipotecarias, en alquileres y suministros, etc.”, sostiene.

Del mismo modo, se deben proteger derechos de colectivos de profesionales autónomos vulnerables, como el de las madres en periodo de baja maternal, o la exoneración de cuotas a los autónomos que se encuentran de baja por enfermedad.

Las medidas, además, se deben adaptar a cada actividad y situación concreta, con diligencia, mediante trámites que incluyan declaraciones responsables de los afectados y posteriores inspecciones y revisiones.

José Blas Fernández ha reiterado “la puesta a disposición de la sociedad de nuestros profesionales en todo lo relativo a los asuntos laborales y el amplio abanico de medidas, desde preventivas hasta de fomento del teletrabajo. Empresas y trabajadores son nuestra razón de ser, sus asuntos de empleo, laborales y de seguridad social, tanto a nivel de gestión como jurídicamente”.

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