El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha expresado su malestar por lo que considera una campaña de intimidación del Ministerio de Trabajo a las empresas que contratan mediante fórmulas de jornadas parciales o reducidas. El presidente de este colectivo de operadores jurídicos, José Blas Fernández Sánchez, lamenta que el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social esté enviando cartas, “en un tono amenazante, a todos los contratadores, miles, que utilizan estas fórmulas de empleo, absolutamente legales, dando por hecho que todos los empresarios que recurren al trabajo parcial son defraudadores”.
Dichos escritos se dirigen a empleadores que tienen en sus plantillas contratos de trabajo temporal y/o a contratos a tiempo parcial principalmente, donde estiman que “estos no han sido transformados a indefinidos” y “serán objeto de la correspondiente actuación inspectora si no se corrigen las deficiencias que en ellos pueda existir”.
“Que existan contratos a tiempo parcial o temporales, no significa que sean fraudulentos ni tampoco que se tengan que transformar, pero en esta carta genérica, en tono amenazante, se puede estar violando la presunción de inocencia a efectos de la modalidad contractual que se ha aplicado, por lo que dar por hecho que están ilegalmente confeccionados todos los contratos es una afirmación gratuita”, razona José Blas Fernández Sánchez.
“Los Graduados Sociales estamos en contra al 100% de todo fraude en materia de contratación y cotización a la Seguridad Social, y es nuestro deber asesorar correctamente a las empresas. Para actuar correctamente debe intervenir la Inspección de Trabajo por iniciativa propia, no mediante cartas veladamente amenazantes”, añade.
Esta medida del Gobierno, enmarcada en el denominado “Plan del Choque” del Plan Director por un Trabajo Digno, está basada en “métodos coercitivos, dando por hecho que todos los contratos que se acogen a estas fórmulas no se acogen a la realidad del desempeño real de los trabajadores, algo rotundamente falso”, asegura el presidente de los graduados sociales andaluces.
El representante de los 9 mil graduados sociales de Andalucía lamenta que Trabajo esté notificando directamente estas cartas a las empresas, mientras el resto de notificaciones se realiza mediante el Sistema Red, que pasan primero por estos profesionales. “Nuestros clientes se sienten amenazados, porque la mayoría respeta la jornada declarada según los mecanismos legales existentes”, puntualiza.
José Blas Fernández insta al Ministerio a garantizar la presunción de inocencia a efectos de posibles situaciones sancionadoras. “Medidas como las de estas cartas suponen un deterioro del principio de seguridad jurídica, olvidando los derechos y garantías individuales”.