Los graduados sociales plantean ampliar los juzgados de lo Social en Andalucía e impulsar la mediación

El colectivo propone reforzar plantillas, reorganizar recursos e integrar las derivaciones a mediación en el sistema Adriano para mejorar los juzgados de lo Social en Andalucía

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha planteado a la Junta ampliar la planta judicial en los partidos con mayor carga de trabajo, reforzar las plantillas e impulsar la mediación en los conflictos laborales judicializados. Las propuestas buscan mejorar el funcionamiento de los juzgados de lo Social en Andalucía y reducir los retrasos que afectan a trabajadores, empresas y profesionales.

El presidente del Consejo Andaluz, Eduardo Ruiz Vegas, trasladó estas medidas el 28 de octubre de 2026 al vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira Florentino. La reunión se celebró en la sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.

Ruiz entregó al consejero un documento con las necesidades que el colectivo identifica en la jurisdicción social, encargada de resolver, entre otros asuntos, procedimientos laborales y de Seguridad Social. El dossier reúne actuaciones relacionadas con la organización de los órganos judiciales, los recursos humanos y materiales, los sistemas de información y la aplicación de mecanismos alternativos para resolver conflictos.

Una de las principales peticiones consiste en ampliar el número de órganos de la jurisdicción social en los partidos judiciales que soportan una mayor carga de trabajo. El Consejo también propone distribuir de forma más eficiente los recursos humanos disponibles y revisar las plantillas durante la implantación de la nueva Oficina Judicial.

Según la organización colegial, esa revisión debe evitar problemas organizativos durante el proceso de transformación de la Administración de Justicia. El objetivo planteado por los graduados sociales es que el nuevo modelo se traduzca en una mejora del servicio prestado a ciudadanos, empresas y profesionales que intervienen en los procedimientos.

El documento incluye además la mejora de los sistemas de información de las sedes judiciales ante los cambios derivados de la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia. Los graduados sociales sostienen que la sobrecarga, los retrasos procesales y las dificultades de organización repercuten en los derechos de los trabajadores y en la seguridad jurídica de las empresas.

La mediación intrajudicial en el ámbito laboral ocupó otra parte central del encuentro. El Consejo pidió avanzar en la aplicación del convenio que suscribió con la Consejería de Justicia en diciembre de 2024 para promover esta vía en aquellos conflictos laborales que ya han llegado a los tribunales.

Entre las medidas concretas propuestas figura la creación de mecanismos que faciliten la derivación de procedimientos judiciales a mediación. El colectivo también solicita que estos trámites se integren en Adriano, el sistema informático judicial, y que se establezca una compensación económica para los graduados sociales que desempeñen funciones de mediación.

Ruiz defendió que el convenio existente debe traducirse en procedimientos operativos y ágiles. “Tenemos profesionales preparados, contamos con un convenio institucional y existe una necesidad evidente de reducir la litigiosidad”, afirmó el presidente del Consejo, quien reclamó recursos para desarrollar el sistema.

La propuesta parte de la posibilidad de alcanzar soluciones acordadas en determinados litigios laborales sin completar todo el recorrido procesal. El Consejo considera que esta fórmula puede contribuir a disminuir la carga de los juzgados, aunque su desarrollo depende de que se articulen las derivaciones y su gestión dentro de las herramientas de la Administración de Justicia.

Los graduados sociales plantearon asimismo adaptar la herramienta digital Carpeta Justicia en Andalucía. Otra de sus peticiones es crear foros periódicos de trabajo entre los distintos operadores de la jurisdicción social para coordinar actuaciones y favorecer criterios comunes en la aplicación de los nuevos procedimientos.

Ruiz valoró la disposición mostrada por el nuevo equipo de la Consejería durante esta primera reunión. El presidente del Consejo indicó que el colectivo pudo exponer los problemas que encuentra en su actividad diaria en los órganos sociales y las soluciones que propone para abordarlos.

En la reunión participaron también la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares Castellanos; la directora general de Atención Judicial y Víctimas, Ana de Silva Molina, y la delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Málaga, Belén Rubio Gómez.

Por parte de los graduados sociales asistieron Francisco Silva González, vocal del Consejo Andaluz, y representantes del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, presidido igualmente por Eduardo Ruiz Vegas. El encuentro abrió una vía de interlocución entre el colectivo y el nuevo responsable autonómico de Justicia sobre la organización de la jurisdicción social y la aplicación del convenio de mediación.