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La Junta activa cuatro forenses para colaborar tras el accidente ferroviario de Urda

Redacción 28 octubre, 2026 3 minutos de lectura

El Gobierno ha aceptado la ayuda ofrecida por Andalucía tras el accidente ferroviario de Urda, que incluye personal de los institutos de Medicina Legal de Córdoba y Sevilla y asistencia a las víctimas en las ocho provincias.

La Junta de Andalucía ha activado a cuatro médicos forenses de los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba y Sevilla para colaborar en la identificación de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. El dispositivo, aceptado por el Gobierno central, podrá ampliarse en función de las necesidades de la emergencia.

El despliegue inicial está formado por dos profesionales de cada provincia. Su cometido será colaborar con la Guardia Civil en las zonas antemortem habilitadas para recoger muestras de ADN de familiares de las víctimas, necesarias para los trabajos de identificación.

La intervención se realizará conforme a los protocolos previstos para sucesos con múltiples víctimas y bajo la coordinación de las autoridades responsables de la emergencia. Los recursos andaluces también quedan disponibles para otras actuaciones médico-forenses que puedan requerirse durante la respuesta al accidente ferroviario de Urda.

El ofrecimiento de colaboración fue trasladado por la Junta al Ministerio de Justicia y a la Comisión Nacional de Sucesos con Víctimas Múltiples. Tras su aceptación, la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por el vicepresidente segundo Manuel Gavira, activó los dispositivos de Córdoba y Sevilla.

Además del personal forense, la Administración autonómica ha autorizado la movilización de profesionales de psicología y trabajo social. La Consejería mantiene la coordinación con la Guardia Civil para reforzar el número de efectivos si las necesidades detectadas durante el operativo así lo requieren.

La ayuda se extiende también a los servicios de atención a víctimas disponibles en las ocho provincias andaluzas. Entre ellos figura el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), con presencia también en Cádiz, que ofrece apoyo psicológico, social y jurídico a las personas afectadas y a sus familiares.

Estos recursos actuarán dentro de sus respectivas competencias y coordinados con los servicios responsables de la emergencia. Su intervención está dirigida tanto a las víctimas como a las familias que puedan necesitar acompañamiento psicológico, orientación social o asesoramiento jurídico a raíz del siniestro.

La Consejería trabaja asimismo con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales para atender las posibles necesidades legales de las víctimas andaluzas y de sus familiares.

La colaboración ofrecida por Andalucía combina así los trabajos de identificación forense, la recogida de muestras genéticas y la asistencia psicológica, social y jurídica. Los medios de los institutos de Córdoba y Sevilla concentran la respuesta médico-forense inicial, mientras que la red autonómica de atención a víctimas permanece disponible en todo el territorio andaluz.