Dicho Informe, imprescindible para otorgar una licencia de obra en una vivienda del casco histórico, se ha retrasado durante meses e, incluso, durante más de un año y medio
La problemática existente en el casco histórico de Chiclana con distintas edificaciones en estado de abandono ha propiciado que el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Urbanismo, haya tenido que intervenir tramitando distintas órdenes de ejecución, con el objetivo de que los propietarios de los inmuebles procedan al cumplimiento del deber de conservación de los mismos, evitando posibles peligros para la ciudadanía.
Además, esta problemática se ve agravada por dos factores importantes. Por un lado, hay propietarios que no pueden hacer frente económicamente a las actuaciones que deben ejecutarse para evitar posibles desprendimientos., ante lo cual el Ayuntamiento trabaja para que pueda actuar de forma subsidiaria. Y, por otro lado, se encuentran los casos en los que los propietarios sí pueden hacer frente a las actuaciones necesarias, pero no pueden hacerlo por falta de documentación, fundamentalmente en cuanto al Informe que debe emitir la Delegación Territorial de Cultura y que es imprescindible para la aprobación de la licencia de obras. “Hay vecinos a los que enviamos órdenes de ejecución, pero que no pueden asumir económicamente las obras, pero también hay otros propietarios que sí pueden hacerlo, pero a los que no podemos concederle la correspondiente licencia al carecer del imprescindible Informe de Cultura, obligatorio en cualquier actuación dentro del casco histórico de Chiclana”, explica la delegada municipal de Urbanismo, Ana González.
Así, ejemplo de ello son los casos de la vivienda ubicada en la calle Hormaza y cuya primera crujía se derrumbó meses atrás, la edificación en estado ruinoso de Corredera Alta y en la calle Obispo Rancés esquina con Bailén. Así, en el caso de la calle Hormaza, se solicitó el necesario Informe de Cultura en el mes de octubre, sin obtener respuesta alguna hasta ahora. En el caso de la calle Corredera Alta dicho Informe se ha dilatado durante un año y medio; mientras que en el caso de Obispo Rancés, cuyo informe fue solicitado en agosto de 2020, no se resolvió hasta junio del pasado año. “A pesar de lo urgente de algunos casos, lo cierto es que nos encontramos con el problema de que desde la Delegación Territorial de Cultura no nos trasladan el Informe necesario hasta pasado varios meses, dilatándose hasta un año y medio”, manifiesta Ana González.